Por Israel Valdés Rodríguez*
El 29 de septiembre de 1906 se produjo la segunda intervención militar yanqui en Cuba. Por dos años y cuatro meses se extendería esta vez la ocupación yanqui. Dada la opinión desfavorable que se había ganado el presidente Roosevelt por su política agresiva en el Caribe y Centroamérica, el gobierno norteamericano trató de presentar este hecho ante la opinión pública mundial como una muestra de la “incapacidad” de los cubanos para la vida democrática, y como la única solución encontrada para encauzar al país por el camino correcto.
Como es conocido, entonces las decisiones en Cuba las tomaba el gobernador interventor, y este no hacía más que cumplir las órdenes del presidente de los Estados Unidos.
La actuación del gobernador norteamericano Charles A. Magoon es una muestra de la forma en que concebía los Estados Unidos el “ordenamiento” del país. Manejó a su antojo el tesoro público y al concluir su mandato dejó a Cuba una deuda de unos 12 millones de pesos, Se esforzó por dividir al pueblo y desarrolló una amplia labor de corrupción de los políticos. Levó a cabo, además, obras públicas de pésima calidad y con cuantiosos gastos.
El colmo fue que al retirarse los ocupantes norteños, el gobierno de Estados Unidos exigió a Cuba el pago de la intervención, odiosa para el pueblo, alegando que nuestro país debía sufragar los desembolsos extraordinarios hechos para pacificar la isla.
Después de varios rejuegos y tanteos políticos, el 28 de enero de 1909, el gobierno interventor daba paso a los cuatro años de mandanto del general José Miguel Gómez, ese que se había ganado el significativo alias de “Tiburón.”
* (San Antonio de los Baños, 1952) profesor e historiador, miembro del secretariado permanente de la Unión de Historiadores de Cuba.
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