Atilio Borón
En el Clarín
de este Domingo hay una pequeña nota de Gustavo Sierra con el título de
“Las maras desangran El Salvador”. (23 Agosto 2015, p. 32) En ella se
habla de la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano:
según el autor en tres días “murieron 125 personas en los
enfrentamientos entre los pandilleros y con
la policía o el ejército.” La nota abunda en otros detalles: la
fenomenal tasa de homicidios en El Salvador actual: 90 por cada 100.000
habitantes. A efectos comparativos digamos que según las cifras
producidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito para el año 2012 la tasa para Estados Unidos era de 4.8; 5.5 para
Argentina; Brasil 21.8 y Honduras 66.5. En ese mismo año, la tasa para
El Salvador era de 41.2, siempre sobre 100.000 habitantes. Es decir que
una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó en menos de tres
años y, especialmente, en los últimos meses.
Obviamente
que hay muchos factores que explican este desgraciado resultado y no es
este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en la nota de Sierra se
mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la violenta
irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del
gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de
“mareros” que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y
enviarlos directamente a El Salvador. Esto ya de por sí
no es precisamente un gesto amistoso para con el país al cual se le
remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave si previamente
se “limpia” el prontuario de esos delincuentes de forma tal de
imposibilitar que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador.
Con sus antecedentes delictivos convenientemente purgados nada puede
detenerlos, y los malhechores se convierten en gentes que regresan a su
país de origen sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia. Una
canallada, ni más ni menos.
¿Cómo
interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que esto no pudo haber
sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias
norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los “mareros”.
Una política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el
Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia
Casa Blanca. El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el
caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del
presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de
Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de
“ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano
sacándose de encima a gobiernos indeseables. Por eso un gesto tan
inmoral y delincuencial como ese, que se ha cobrado tantas vidas en El
Salvador y que seguramente se cobrará muchas más en los próximos días.
Indiferente ante las consecuencias de sus actos, Washington prosigue
impertérrito dando lecciones de derechos humanos y democracia al resto
del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del “golpe blando” en
contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con
patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El
autoproclamado “destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la
democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo
que hace, en realidad, es exportar criminales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario