El cumplimiento de las medidas sanitarias ha sido la prioridad en los tribunales populares de la capital para evitar que en los órganos de justicia exista propagación de COVID-19 y mantengan su funcionabilidad y servicio al pueblo.
“Han seguido sesionando y en ninguno ha existido en estos meses de pandemia trasmisión de un caso, lo cual demuestra la efectividad de las normas”, afirmó Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, quien señala que la actividad judicial se ha limitado y estas instituciones actúan desde marzo según instrucciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo.
Tribunal Provincial de La Habana Foto: Joyme Cuan
Dos de estas instrucciones fueron dadas a conocer por su relevancia: la 248, que precisa el modo de actuar en la etapa de COVID-19 con la suspensión de términos judiciales salvo procesos indispensables; y la 252 acerca de los hechos asociados a los actos y acciones de los llamados “coleros”, acaparadores, revendedores, traficantes ilegales de monedas y participantes en actividades ilícitas y antisociales que se les vincula.
El juzgamiento de los delitos relacionados con las actuales circunstancias que vive el país se realiza en cuatro tribunales municipales (Marianao, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre y Regla); a la par que se tramitan los atestados directos, expedientes de índice de peligro por conducta antisocial y los procedimientos de Habeas Corpus.
Los atestados directos constituyen denuncias en la se juzga solo hasta un año de privación de libertad, aclara el presidente, y “como el término de sanción es muy pequeño le hemos dado preferencia porque las personas están detenidas y no se violan sus derechos fundamentales como evitar el encierro más de lo que le toca”. A su vez, el Habeas Corpus es un procedimiento especial, de cuerpo presente, para quienes acuden a los tribunales porque “creen que están detenidos ilegalmente; en medio de la pandemia, ese derecho de acceso a la justicia no se debe vetar”.
De igual manera, Sierra insistió en que nadie está facultado para actuar diferente a lo establecido y en que se ha prestado especial atención a los términos de los acusados en medida cautelar de prisión provisional.
Tribunal Provincial de La Habana Foto: Joyme Cuan
Es notable el hecho de que se han resuelto todas las solicitudes de libertad condicional, licencia extrapenal o cualquier libertad anticipada presentada a los tribunales, y continúa la ejecutoria de los trámites del juez de ejecución y los de oficios a los registros de procesos civiles y de familia.
Los procesos civiles, administrativos y económicos han sido los más afectados en la suspensión de los términos judiciales debido que estas materias implican movimiento de personas vulnerables, así como de cierta cantidad de testigos y vecinos cuando hay conflictos en un barrio; “mueven mucha población y, en estos momentos, contradicen las medidas sanitarias dispuestas.
“Cuando se reactive la actividad judicial en La Habana le daremos prioridad a las causas con acusados aún en prisión provisional, a los procesos de familia relacionados fundamentalmente con guarda y cuidado de menos y la suspensión de obras nuevas”, agregó. (Tribuna de la Habana)
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