Dos personas fueron sancionadas por el Tribunal Popular de Camajuaní, en juicio ejemplarizante, este lunes 6 de abril por el delito de apropiación indebida, al sustraer de una tienda de víveres poco más de 280 libras de papa destinadas a la canasta básica familiar normada.
Entre los implicados se encuentra la propia administradora de la unidad La Cascada —sita en calle Independencia No. 199, frente al cuartel de bomberos de la cabecera municipal—, así como un ciudadano ajeno a ese centro laboral.
En el juicio se garantizaron todos los derechos de los acusados. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)
Por su negativo proceder, la administradora fue condenada en la Causa 9 de 2020 a un año de privación de libertad subsidiado con trabajo correccional con internamiento, mientras el sancionado recibió ocho meses. A la funcionaria se le impuso, además, una sanción accesoria de privación temporal de derechos, por lo cual no puede ejercer cargos de ningún tipo durante dos años.
El hecho acaeció en horas de la mañana del domigo 29 de marzo, cuando el ciudadano, por orientación de la administradora, trasladó seis sacos del preciado tubérculo en un carretón de caballo alquilado, con el fin de repartirlos entre la vivienda de la sancionada, de las dependientas de la bodega y la suya propia.
Cuando el vehículo salía de la tienda con el cargamento fue detectado por un oficial del Departamento Técnico de Investigación (DTI) del Ministerio del Interior, quien procedió a su detención y posterior investigación del hecho.
«La Fiscalía será enérgica con los hechos delictivos relacionados con el desvío de productos alimenticios», advirtió Naivi Hernández Cardoso, fiscal jefa municipal de Camajuaní. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)
La licenciada Naivi Hernández Cardoso, fiscal jefa municipal de Camajuaní, explicó que luego de analizarse todas las pruebas realizadas por las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y dirigidas por la Fiscalía, se constató la participación de los acusados en los hechos, además de la confesión de los mismos, entre otros elementos probatorios ventilados en el juicio.
«El hecho tiene una gran repercusión social, pues hablamos de un alimento destinado a la canasta básica del pueblo, y del cual se distribuyen tres libras por persona. Con esas 283 libras de papa apropiadas indebidamente se afectaron casi 80 núcleos y unos 93 usuarios. Ello repercute aún más en estos momentos dada la actual economía que atraviesa nuestro país, a la que se suma el bloqueo norteamericano.
«En el caso de Camajuaní, existe una situación difícil por el azote del coronavirus, y hoy más que nunca hay que tener bien impregnados los valores éticos, el concepto de Revolución, ser más humanos y solidarios unos con otros. Este no es el mejor actuar de una persona encargada de custodiar los bienes del Estado y garantizar que lleguen directamente a la población», argumentó la fiscal jefa.
La jurista agregó también que la Fiscalía será enérgica con los hechos delictivos relacionados con el desvío de productos alimenticios, combustibles, materiales de la construcción, y con el tema del coronavirus, contemplado como delito de propagación de epidemias para quienes padezcan la enfermedad y se rehúsen a ingresar, y también para los sospechosos negados a ser internados.
«El Tribunal imparte justicia en nombre del pueblo», manifestó Daniel Alejandro Gálvez Rangel, presidente del Tribunal Municipal de Camajuaní. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)
Por su parte, Daniel Alejandro Gálvez Rangel, presidente del Tribunal Municipal de Camajuaní, señaló:
«Estuvimos en presencia de un hecho de gran connotación en nuestra localidad. Hablamos de un producto de suma importancia para la alimentación del pueblo, por lo que no fue un elemento discutible en el acto del tribunal. Se trata de afectaciones a ancianos, niños pequeños, que no recibieron este producto destinado a ellos.
«El juicio se desarrolló con todos los elementos: fue oral, hubo confrontación total, y se le permitió a cada parte, fiscalía y defensa, expresar todo lo que consideraban pertinente para su mejor desempeño en el acto.
«El Tribunal imparte justicia en nombre del pueblo, y aun cuando debemos estar desde cierto punto de vista aislados y ser imparciales totalmente, no podemos estar ajenos a la repercusión social del hecho», concluyó.
Como parte del proceso judicial, los sancionados tienen derecho a apelar en un plazo de tres días hábiles.
Los juicios ejemplarizantes se aprueban desde la dirección del Partido en la provincia, y se ejecutan con la aprobación de los tribunales y demás factores. Tienen como objetivo que el pueblo conozca los hechos, el actuar del ministerio público, y dar una respuesta rápida, certera y precisa en cuanto al desempeño del órgano de justicia como representante del Estado y velar por el estricto cumplimiento de las leyes y demás disposiciones legales.
(Vanguardia)
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