Actualmente, alrededor de 3 mil infantes se encuentran cumpliendo la cadena perpetua en el país norteamericano.
LHVnews, EE.UU: En Estados
Unidos, a las personas acusadas condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de
libertad condicional por un delito cometido cuando tenían menos de 18 años se
les impone esta condena porque son juzgadas como adultos. Aunque los menores
que entran en conflicto con la ley pueden entrar en el sistema de justicia de menores,
todos los estados de EE. UU cuentan con al menos un mecanismo que permite o
exige el procesamiento de determinados menores infractores en el sistema de
justicia penal para adultos. Estos mecanismos se suelen denominar "leyes de
traslado de la causa”, y su uso aumentó enormemente en las tres últimas décadas
del siglo XX.
Las leyes de "renuncia judicial”, que constituyen mecanismo más antiguo, conceden a los jueces de menores la potestad de renunciar a su jurisdicción y ordenar el traslado de la causa a un tribunal penal ordinario en función de cada caso. La decisión se toma, normalmente a petición de la fiscalía, tras una vista sobre el traslado y basándose en normas articuladas que suelen tener en cuenta la naturaleza del delito y las circunstancias atenuantes aplicables al menor acusado. En el ámbito nacional, la renuncia judicial se concede en un número de casos relativamente reducido.
Los dos principales mecanismos para el traslado de las causas datan de la década de 1970 y son las leyes relativas a la "potestad de la fiscalía” y a la "exclusión legal”. El primer tipo de leyes concede a los fiscales potestad para que, en determinados casos, formulen cargos ante tribunales de menores u ordinarios. Sólo algunos estados ofrecen directrices para la toma de decisiones, y ninguno exige la celebración de una vista antes de la decisión ni la creación de un registro de pruebas. El segundo tipo de leyes excluye algunas categorías de casos de la jurisdicción de los tribunales de menores –basándose fundamentalmente en la naturaleza del delito o en la edad de la persona acusada–, de modo que la causa ya se inicia en un tribunal penal ordinario. El asesinato es el delito que se suele excluir con mayor frecuencia de la jurisdicción de los tribunales de menores.
Segín el diario español, Elmundo, en Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y, además, otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos, según han denunciado esta semana organizaciones que reclaman la reforma del sistema judicial.
"Niños de 13 años han sido juzgados como adultos y sentenciados a morir en la cárcel sin que haya habido consideración hacia sus edades o la circunstancia del delito que cometieron", ha denunciado Equal Justice Initiative (EJI, por sus siglas en inglés).
Es cierto que la situación de estos menores podría atenuarse tras el fallo del Tribunal Supremo según la cual toda sentencia impuesta a un menor que implique su fallecimiento en detención es inconstitucional. Sin embargo, y esto es lo que ha indignado a los activistas de EJI, el alto tribunal incluyó en esa categoría solamente a los menores hallados culpables por delitos sin asesinato. Todos los demás -o sea, los sentenciados por homicidios- han sido excluidos.
"A la luz de esta decisión, los tribunales deben realizar nuevas audiencias y los jueces están obligados a considerar el carácter y las circunstancias de vida de cada uno de los menores, así como las circunstancias alrededor del delito. [Porque] En Estados Unidos muchos niños se encuentran en peligro de abuso, negligencia, violencia doméstica y pobreza", ha dicho EJI.
Según un estudio de la organización, a consecuencia de ello los menores de edad caen en situaciones desesperadas que los llevan a un punto en el cual no pueden manejar sus emociones y los retos de la adolescencia encuentran respuesta en la violencia y agresividad. La situación se agrava porque al menos 14 estados tratan a toda su población reclusa como si fuera mayor de edad, de forma que cuando los menores ingresan en prisión tienen que enfrentarse a la terrible y violenta realidad del sistema carcelario de los adultos.
Una de las víctimas del sistema judicial que condena como adultos a menores de edad ha sido Ralph Brazel, un floridano juzgado condenado a tres cadenas perpetuas cuando tenía 17 años. Su delito: poseer 18 gramos de la droga sintética 'crack'. Ahora, con 41 años, es un activista por la reforma del sistema jurídico que recuerda a los medios de comunicación cómo inicialmente fue enjuiciado por dos cargos de fabricación y distribución de la droga y, por ello, sentenciado por un tribunal estatal de Florida a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, el Gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto y lo volvieron a enjuiciar. Esta vez como un adulto y siendo sentenciado a las tres cadenas perpetuas. Fue liberado después que el Tribunal Supremo decidió que los menores sin delitos de sangre no pueden ser condenados a pasar el resto de sus días en prisión. "He pasado 21 años, nueve meses y 16 días en la cárcel. Una cifra que jamás olvidaré porque marcó mi vida. Hay homicidas que reciben sentencias menores", ha denunciado Brazel.
Algunos estados han establecido entre los 10 y los 13 años la edad mínima para un menor ser juzgado como adulto. Para la EJI, la edad mínima debería ser de 14 años a nivel nacional. Entre otras razones, porque un joven de edad inferior no tiene una percepción real del mundo, tiene todas las posibilidades de cambiar en el futuro y cuando es liberado, tras cumplir una sentencia de decenas de años de cárcel, presenta grandes dificultades para adaptarse a la vida en el exterior.
"Los retos de reinserción son tan grandes, si no imposibles, de vencer que frenan toda posibilidad de lograr una liberación condicional y una reinserción exitosa. Los presos que han estado en la cárcel prácticamente desde su infancia o adolescencia necesitan ayuda para aprender las necesidades básicas de la vida", ha enfatizado EJI.
El año 2005 el Tribunal Supremo acabó con las ejecuciones de menores de edad. Pero desde que la pena de muerte fue instaurada a nivel federal a inicios del siglo pasado se calcula que fueron ejecutados 365 menores de edad, 22 de los cuales después de 1985.
EJI no es la única entidad que reclama una reforma del sistema jurídico estadounidense. La semana pasada la Organización de Naciones Unidas fue particularmente crítica con Estados Unidos por ser el único país que impone cadenas perpetuas a menores de edad.
"Las recientes denuncias de un representante de la ONU se suman al coro de voces que han exigido el cese inmediato de estos duros castigos y de las condiciones inhumanas que afrontan los jóvenes, a pesar de la indiscutible prueba de que los niños son diferentes", ha subrayado Ashley Nellis, analista legal del grupo The Sentencing Project.
Las leyes de "renuncia judicial”, que constituyen mecanismo más antiguo, conceden a los jueces de menores la potestad de renunciar a su jurisdicción y ordenar el traslado de la causa a un tribunal penal ordinario en función de cada caso. La decisión se toma, normalmente a petición de la fiscalía, tras una vista sobre el traslado y basándose en normas articuladas que suelen tener en cuenta la naturaleza del delito y las circunstancias atenuantes aplicables al menor acusado. En el ámbito nacional, la renuncia judicial se concede en un número de casos relativamente reducido.
Los dos principales mecanismos para el traslado de las causas datan de la década de 1970 y son las leyes relativas a la "potestad de la fiscalía” y a la "exclusión legal”. El primer tipo de leyes concede a los fiscales potestad para que, en determinados casos, formulen cargos ante tribunales de menores u ordinarios. Sólo algunos estados ofrecen directrices para la toma de decisiones, y ninguno exige la celebración de una vista antes de la decisión ni la creación de un registro de pruebas. El segundo tipo de leyes excluye algunas categorías de casos de la jurisdicción de los tribunales de menores –basándose fundamentalmente en la naturaleza del delito o en la edad de la persona acusada–, de modo que la causa ya se inicia en un tribunal penal ordinario. El asesinato es el delito que se suele excluir con mayor frecuencia de la jurisdicción de los tribunales de menores.
Segín el diario español, Elmundo, en Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y, además, otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos, según han denunciado esta semana organizaciones que reclaman la reforma del sistema judicial.
"Niños de 13 años han sido juzgados como adultos y sentenciados a morir en la cárcel sin que haya habido consideración hacia sus edades o la circunstancia del delito que cometieron", ha denunciado Equal Justice Initiative (EJI, por sus siglas en inglés).
Es cierto que la situación de estos menores podría atenuarse tras el fallo del Tribunal Supremo según la cual toda sentencia impuesta a un menor que implique su fallecimiento en detención es inconstitucional. Sin embargo, y esto es lo que ha indignado a los activistas de EJI, el alto tribunal incluyó en esa categoría solamente a los menores hallados culpables por delitos sin asesinato. Todos los demás -o sea, los sentenciados por homicidios- han sido excluidos.
"A la luz de esta decisión, los tribunales deben realizar nuevas audiencias y los jueces están obligados a considerar el carácter y las circunstancias de vida de cada uno de los menores, así como las circunstancias alrededor del delito. [Porque] En Estados Unidos muchos niños se encuentran en peligro de abuso, negligencia, violencia doméstica y pobreza", ha dicho EJI.
Según un estudio de la organización, a consecuencia de ello los menores de edad caen en situaciones desesperadas que los llevan a un punto en el cual no pueden manejar sus emociones y los retos de la adolescencia encuentran respuesta en la violencia y agresividad. La situación se agrava porque al menos 14 estados tratan a toda su población reclusa como si fuera mayor de edad, de forma que cuando los menores ingresan en prisión tienen que enfrentarse a la terrible y violenta realidad del sistema carcelario de los adultos.
Una de las víctimas del sistema judicial que condena como adultos a menores de edad ha sido Ralph Brazel, un floridano juzgado condenado a tres cadenas perpetuas cuando tenía 17 años. Su delito: poseer 18 gramos de la droga sintética 'crack'. Ahora, con 41 años, es un activista por la reforma del sistema jurídico que recuerda a los medios de comunicación cómo inicialmente fue enjuiciado por dos cargos de fabricación y distribución de la droga y, por ello, sentenciado por un tribunal estatal de Florida a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, el Gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto y lo volvieron a enjuiciar. Esta vez como un adulto y siendo sentenciado a las tres cadenas perpetuas. Fue liberado después que el Tribunal Supremo decidió que los menores sin delitos de sangre no pueden ser condenados a pasar el resto de sus días en prisión. "He pasado 21 años, nueve meses y 16 días en la cárcel. Una cifra que jamás olvidaré porque marcó mi vida. Hay homicidas que reciben sentencias menores", ha denunciado Brazel.
Algunos estados han establecido entre los 10 y los 13 años la edad mínima para un menor ser juzgado como adulto. Para la EJI, la edad mínima debería ser de 14 años a nivel nacional. Entre otras razones, porque un joven de edad inferior no tiene una percepción real del mundo, tiene todas las posibilidades de cambiar en el futuro y cuando es liberado, tras cumplir una sentencia de decenas de años de cárcel, presenta grandes dificultades para adaptarse a la vida en el exterior.
"Los retos de reinserción son tan grandes, si no imposibles, de vencer que frenan toda posibilidad de lograr una liberación condicional y una reinserción exitosa. Los presos que han estado en la cárcel prácticamente desde su infancia o adolescencia necesitan ayuda para aprender las necesidades básicas de la vida", ha enfatizado EJI.
El año 2005 el Tribunal Supremo acabó con las ejecuciones de menores de edad. Pero desde que la pena de muerte fue instaurada a nivel federal a inicios del siglo pasado se calcula que fueron ejecutados 365 menores de edad, 22 de los cuales después de 1985.
EJI no es la única entidad que reclama una reforma del sistema jurídico estadounidense. La semana pasada la Organización de Naciones Unidas fue particularmente crítica con Estados Unidos por ser el único país que impone cadenas perpetuas a menores de edad.
"Las recientes denuncias de un representante de la ONU se suman al coro de voces que han exigido el cese inmediato de estos duros castigos y de las condiciones inhumanas que afrontan los jóvenes, a pesar de la indiscutible prueba de que los niños son diferentes", ha subrayado Ashley Nellis, analista legal del grupo The Sentencing Project.
No hay comentarios:
Publicar un comentario