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Publicado : 12/02/2014
Miami es decididamente una ciudad muy
peculiar, única en el territorio estadounidense. La inmensa mayoría de
sus instituciones, desde los servicios de policía, pasando por la prensa
y hasta los bomberos, están bajo el control de una minoría extremista
de origen cubano sumamente poderosa. El objetivo confesado de este
influyente sector, descendiente de la oligarquía prerrevolucionaria, es
derrocar por todos los medios al gobierno de La Habana.
El último escándalo estalló en septiembre de 2006
cuando se descubrió que cerca de 50 periodistas del estado de la
Florida, entre los cuales había tres de El Nuevo Herald, recibían de manera regular emolumentos por parte del gobierno federal a cambio de una participación en los programas de Radio y TV Martí
donde se encargaban de promover la propaganda anticubana de Washington.
Los programas de estos dos medios públicos, dotados de un presupuesto
anual de 37 millones de dólares y destinados a «acelerar el fin del
régimen castrista», se transmiten únicamente en Cuba pues la legislación
antipropaganda estadounidense prohíbe su difusión en el territorio
nacional.[1]
Los tres periodistas del diario El Nuevo Herald,
Pablo Alfonso -que recibió no menos de 175.000 dólares desde 2001-,
Wilfredo Cancio Isla -remunerado con unos 15.000 dólares durante los
últimos cinco años- y Olga Connor -cuyo cheque se eleva a 71.000
dólares-, se ocupaban de la sección «Cuba» del periódico. El Miami Herald,
del cual dependían, los despidió a todos. Su empresa les reprochaba
haber faltado a la ética periodística. En efecto, al aceptar depender
financieramente del gobierno estadounidense, entraban en un conflicto de
intereses y se hallaban en la imposibilidad de cumplir la prueba de
imparcialidad y objetividad en el tratamiento de la información.[2]
Jesús Díaz Jr., presidente y editor de la empresa The Miami Herald Media Company a la que pertenece El Nuevo Herald,
expresó su profunda decepción y deploró que sus profesionales de la
información hubieran violado «la sagrada confianza» que ata al público y
a los periodistas. «No creo que podamos garantizar la objetividad ni la
integridad si alguno de nuestros reporteros recibe compensación
monetaria de cualquier entidad que hayan cubierto, pero especialmente si
se trata de una agencia de un gobierno»,[3] subrayó.
Varios periodistas más recibían una remuneración por
parte de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, entre ellos Helen
Aguirre y Ariel Remos del Diario Las Américas, Miguel Cossío,
director de la información del Canal 41, Juan Manuel Cao también
periodista del Canal 41, Ninoska Pérez Castellón de Radio Mambí y Carlos
Alberto Montaner, columnista de El Nuevo Herald.[4]
El gobierno cubano ha denunciado desde hace mucho
tiempo que el gobierno de Estados Unidos pagaba a ciertos periodistas
del sur de la Florida. El caso del reportero Juan Manuel Cao, que
recibió cerca de 11.400 dólares por parte de TV Martí, apareció en los
medios durante el mes de julio de 2006 cuando éste cuestionó
vigorosamente al Presidente cubano Fidel Castro, durante una conferencia
de prensa en Argentina. La respuesta del Comandante fue inmediata:
«¿Quién te paga a ti para hacer ese tipo de pregunta?». A pesar de su
edad avanzada, el viejo líder revolucionario jamás ha perdido su
vivacidad de espíritu y su sentido del análisis. Había adivinado la
realidad antes que nadie.
Muchos expertos en ética periodística, como Iván
Román, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas
Hispanos, denunciaron ese conflicto de intereses tan grave como
inaceptable. «Los periodistas no deben cruzar esa línea», declaró. Jon
Roosenraad, profesor de periodismo en la Universidad de la Florida
explicó ese caso «de escuela»: «Es exactamente como si un reportero de
negocios trabajara también a tiempo parcial como agente de relaciones
públicas para una compañía local en sus horas libres y regresara a su
periódico al día siguiente y escribiera sobre “su compañía”»,[5] señaló.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense
remunera generosamente a periodistas para que promuevan su agenda
política. En 2005, la Casa Blanca había pagado al famoso periodista
Amstrong Williams hasta 240.000 dólares, para que defendiera, en su
programa televisivo difundido en todo el país, la ley de reforma de la
educación.[6]
Robert Beatty, vicepresidente encargado de los
asuntos públicos de la Miami Herald Media Company se mostró
intransigente y categórico: «la ética del periodismo no puede sufrir
interpretaciones de geometría variable. Cuando nos enteramos de tales
actos, reaccionamos con firmeza».[7] Para él, la independencia del periodismo no podía mancharse con propagando gubernamental.
Pero Beatty había subestimado la potencia y el poder
de coacción de la extrema derecha cubana que controla la vida política y
económica de Miami. En efecto, después de fuertes presiones, amenazas
de boicot y de otras acciones más radicales, los propietarios del Miami Herald
decidieron reincorporar a los tres periodistas despedidos y cerrar los
ojos sobre el descubrimiento en su empresa de otros seis reporteros
culpables de las mismas faltas.[8]
Esa decisión espectacular ocasionó la dimisión de
Jesús Díaz Jr., quien decidió asumir las consecuencias de ese viraje. El
presidente del periódico consideró por su parte que el hecho de servir
los intereses de un gobierno constituía «una violación de los principios
de la ética periodística ampliamente aceptados». Fue sustituido por
David Landsberg cuyo primer acto fue declarar que la empresa no
aceptaría más ese tipo de prácticas en el futuro.[9]
No es la primera vez que el Miami Herald
dobla el espinazo y cede frente al chantaje y las amenazas de la derecha
radical de Miami, por miedo a represalias. En los años noventa, el
periódico se doblegó a las exigencias de Jorge Mas Canosa que había
lanzado entonces la campaña «No creo en el Herald». El antiguo
presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, una organización
extremista implicada en el terrorismo internacional, había amenazado al
periódico con el boicot y acciones de envergadura si no mostraba más
firmeza hacia el gobierno cubano.
Esta grave violación de la ética periodística y de
la libertad de prensa no conmovió a mucha gente en el ámbito
internacional. En cuanto a la famosa organización francesa de «defensa
de la libertad de prensa», Reporteros Sin Fronteras, se quedó muda sobre
este asunto para no ofender a algunos conocidos del sur de la Florida.
Tomado de Rebelión
[1] Óscar Corral: «Conflicto de intereses en pagos a periodistas locales», El Nuevo Herald, 8 de septiembre de 2006.
[2] BBC: «US ‘Paid Anti-Cuba Journalists’», 8 de septiembre de 2006.
[3] Oscar Corral: ob. cit.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] The New York Times: 8 de septiembre de 2006.
[7] Ibídem.
[8] Jason Deans: «Miami Herald Chief Quits Over Cuba Revelations», The Guardian, 3 de octubre de 2006.
[9] Ibídem.
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