Por Arthur González
Los mal calificados como “disidentes” en Cuba, asalariados oficiales del gobierno de Estados Unidos, deben conocer algunas cosas del país que les paga y orienta para ejecutar provocaciones y desórdenes públicos en la Isla, situación que en el vecino del Norte no le permiten a nadie y quienes se atreven a violar sus leyes son sancionados fuertemente.
Por estos días una noticia
recorre las redes sociales, poniendo al descubierto como los jueces en los Estados Unidos no les tiemblan las manos para sancionar a los que incumplan con las legislaciones vigentes.
recorre las redes sociales, poniendo al descubierto como los jueces en los Estados Unidos no les tiemblan las manos para sancionar a los que incumplan con las legislaciones vigentes.
Tal es el caso de Eric Bramwell, quien deberá pasar sus próximos 22 años de vida en la cárcel, por solamente haber hurtado un simple control remoto de televisores de escaso valor, en un complejo de Departamentos en Wheaton, Estado de Illinois.
Se afirma que Bramwell es reincidente de otros hurtos de controles remotos y de televisores en vecindarios cercanos, situación tomada en cuenta por la Corte para sancionarlo a 22 años de cárcel, pena mucho mayor que si hubiese cometido un homicidio.
En este caso el fiscal del Estado, Robert Berlín, declaró que el acusado se burló de la ley repetidamente, por lo que deberá cumplir al menos la mitad de la sentencia antes de tener la posibilidad de lograr su libertad condicional.
Como elemento adicional que deben conocer los “opositores cubanos” a sueldo de Washington, es que el juez Robert Miller también lo sentenció a 6 meses de cárcel por haber usado un lenguaje impropio durante el juicio, evidenciando la dureza con que son tratados quienes incumple las leyes.
Esa medida es muy importante que sea tomada en consideración por las llamadas “Damas” de Blanco, quienes junto a su presidenta la grosera Berta Soler, ofenden e insultan a las agentes del orden cuando son requeridas y trasladadas a las estaciones de la policía, por los desórdenes públicos que organizan, siguiendo instrucciones desde Estados Unidos.
Muchos de los llamados “opositores” al estado socialista fueron primeramente presos comunes por hurto, falsificación de documentos públicos, agresiones físicas a sus jefes y escándalos públicos.
Una vez en prisión cumpliendo sus condenas, se dieron cuenta que convirtiéndose en “disidentes” recibían altas sumas de dólares y ayuda alimentaria, sin necesidad de trabajar por el resto de sus días.
Entre esos casos están Guillermo Fariñas, Jorge Luis “Antúnez”, el fallecido Orlando Zapata y muchos más, que hicieron un oficio del título de “opositores”, algo que se puede comprobar al leer algunos de los cables clasificados enviados desde la Sección de Intereses de Estados Unidos en la Habana, divulgados en el sitio WikiLeaks.
El 15 de abril de 2009 el entonces jefe de la Sección, Jonathan Ferrar, afirmaba en uno de sus reportes secretos al Departamento de Estado, con copia a la CIA, que:
“…los disidentes están más preocupados por tener mayores oportunidades para viajar libremente y vivir de manera confortable. […] más bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día de los principales organizadores y sus seguidores…”
La guerra mediática contra la Revolución es tal que no se toman en cuenta los antecedentes delictivos de los mal llamados “disidentes”, y la prueba está en el premio “Libertad Pedro Luis Boitel”, que le fuera otorgado días atrás al ex preso por hurto, Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, por el lucrativo Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami.
Dicho lauro se lo entregó nada menos que Lincoln Díaz-Balart, integrante de la mafia terrorista anticubana, e hijo del ex ministro del interior del sanguinario dictador de Cuba, Fulgencio Batista.
Quienes desconocen los antecedentes penales de Jorge Luís García Pérez (Antúnez), pueden caer en la trampa del engaño mediático, pero la realidad es que cuenta con un amplio expediente penal, en el cual se encuentran sanciones por delitos de estafa, hurto y falsificación de documentos oficiales, todos cometidos antes de su incorporación al oficio de “disidente”.
Razón tenía José Martí cuando afirmó:
“Hay algo que daña mucho el ejercicio de un derecho y es la hipocresía del derecho”.
Excelente artículo que denuncia la falsa disidencia cubana que no son más que mercenarios pagados por organizaciones contrarrevolucionarias en Miami, sim embargo cae todo el peso de la ley sobre personas que cometen delitos menores, una verdadera hipocresía judicial.
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