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Publicado : 13/02/2014
Consecuente con el propósito de culminar el ordenamiento de la sociedad cubana, trazado por el Primer Congreso del Partido,
el 15 de febrero de 1976 fue realizado el referendo mediante el cual
quedaron aprobados los textos de la Constitución de la República y de la
Ley de Tránsito Constitucional, los cuales fueron proclamados días
después, el 24 de febrero, en la conmemoración del 81 aniversario del
grito de independencia o muerte de 1895.
En una demostración cívica sin precedentes, el 98% de todos los ciudadanos mayores de 16 años concurrieron ese día a las urnas, y el 97,7% de los votantes, cinco millones y medio de personas, dijeron SI al proyecto de la nueva carta magna del país.
No comenzó ese día, sin embargo, la participación del pueblo en la formulación de ese cuerpo legal.
La comisión encargada de la redacción del texto, presidida por Blas Roca Calderío, consideró en forma amplia los aportes y criterios brindados por numerosos dirigentes, juristas y personalidades de todas las esferas de la vida nacional.
El anteproyecto obtenido fue sometido luego a un proceso de consulta popular, en el que intervinieron alrededor de 6 millones de personas, entre trabajadores, combatientes, estudiantes y vecinos de las comunidades, como resultado del cual fueron modificados el preámbulo y 60 de los 141 artículos que integraban la propuesta.
De esta forma, el texto sometido al referendo fue resultado del consenso alcanzado mediante métodos democráticos y la activa participación de casi toda la población cubana por encima de los 14 años.
Jamás en toda la historia de nuestra patria y de nuestro continente —destacó Raúl Castro en la proclamación de la Ley de leyes— ha sido aprobada una constitución de contenido tan revolucionario y progresista; que responda en tal alto grado a los intereses de la patria y del pueblo; que consagre y garantice, con tal amplitud y en tal correspondencia con la realidad económico-social de la que se deriva y a la que norma jurídicamente, los principios de igualdad y justicia social, y los derechos del individuo en concordancia con los intereses de toda la sociedad.
¡Qué duda puede caber de que la Constitución que hoy proclamamos es manifestación de la voluntad y el sentir de nuestro pueblo, expresados a través de un procedimiento de democracia directa ejercido en toda su amplitud![1]
La Constitución socialista de 1976 era la séptima constitución que se aprobaba en el país. Las cuatro primeras habían sido las mambisas: la de Guáimaro, que siguió a los levantamientos de 1868; la de Baraguá, fruto de la histórica Protesta de Antonio Maceo; la de Jimaguayú, del 16 de septiembre de 1895, dirigida a dar orden a la nueva guerra por la independencia emprendida ese año, a la que seguiría la de La Yaya, el 29 de octubre de 1897. Luego vendría la de 1901, que marcó el nacimiento de la Cuba neocolonial, encadenada a la Enmienda Platt. La sexta fue la de 1940, heredera en cierta medida de las luchas revolucionarias de los años ‘30, que le imprimiría un sello progresista y avanzado a algunos de sus artículos, convertidos después en letra muerta por el sistema imperante.
Solo la Revolución pudo al fin convertir en realidad los principios dejusticia social que se plasmaron en aquel texto, en gran medida gracias al papel que desempeñaron en la Asamblea Constituyente de 1940 los delegados comunistas.
Pero la Revolución, desde luego, no se podía quedar en el marco liberal-burgués de la Constitución de 1940. Al avanzar hacia transformaciones estructurales más profundas, recuperar el patrimonio usurpado a la nación por los monopolios y los terratenientes, y entrar de lleno en la construcción socialista, el país reclamaba una Ley Suprema que sustentara jurídicamente los cambios trascendentales operados en la isla y sirviera de fundamento, a la vez, a todas las demás leyes y normas que debieran ser elaboradas y puestas en vigor.
La Constitución —subrayó Raúl Castro— es, en consecuencia, el documento más importante que rige el proceso de institucionalización de la Revolución.
Al discutir el proyecto de nuestra Constitución, y luego al votar por ella, nuestro pueblo ha estado decidiendo directamente sobre el régimen económico-social en el cual quiere vivir; sobre las instituciones a través de las cuales considera que debe organizar sus actividades y dirigir el desarrollo social; sobre el papel, facultades y funciones de esas instituciones; sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos; sobre los deberes de todos.
Ha estado, en definitiva, decidiendo con entera libertad y plena conciencia sobre su vida y su futuro. Ha estado ejerciendo a plenitud su derecho a gobernar, lo que solo es posible cuando el pueblo es dueño de las riquezas y de los medios fundamentales de producción, cuando está realmente en el poder, cuando es verdaderamente soberano y tiene en sus manos el presente y el porvenir de la patria.[2]
Después de 16 años en vigor, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de sus facultades, modificó en 1992 algunos artículos de la Constitución, a fin de adecuar sus normativas a la nueva realidad existente en el mundo desde principios de esa década, y proveer las bases jurídicas para las transformaciones y reformas económicas que Cuba se ha visto obligada a llevar adelante para su reinserción internacional.
En una demostración cívica sin precedentes, el 98% de todos los ciudadanos mayores de 16 años concurrieron ese día a las urnas, y el 97,7% de los votantes, cinco millones y medio de personas, dijeron SI al proyecto de la nueva carta magna del país.
No comenzó ese día, sin embargo, la participación del pueblo en la formulación de ese cuerpo legal.
La comisión encargada de la redacción del texto, presidida por Blas Roca Calderío, consideró en forma amplia los aportes y criterios brindados por numerosos dirigentes, juristas y personalidades de todas las esferas de la vida nacional.
El anteproyecto obtenido fue sometido luego a un proceso de consulta popular, en el que intervinieron alrededor de 6 millones de personas, entre trabajadores, combatientes, estudiantes y vecinos de las comunidades, como resultado del cual fueron modificados el preámbulo y 60 de los 141 artículos que integraban la propuesta.
De esta forma, el texto sometido al referendo fue resultado del consenso alcanzado mediante métodos democráticos y la activa participación de casi toda la población cubana por encima de los 14 años.
Jamás en toda la historia de nuestra patria y de nuestro continente —destacó Raúl Castro en la proclamación de la Ley de leyes— ha sido aprobada una constitución de contenido tan revolucionario y progresista; que responda en tal alto grado a los intereses de la patria y del pueblo; que consagre y garantice, con tal amplitud y en tal correspondencia con la realidad económico-social de la que se deriva y a la que norma jurídicamente, los principios de igualdad y justicia social, y los derechos del individuo en concordancia con los intereses de toda la sociedad.
¡Qué duda puede caber de que la Constitución que hoy proclamamos es manifestación de la voluntad y el sentir de nuestro pueblo, expresados a través de un procedimiento de democracia directa ejercido en toda su amplitud![1]
La Constitución socialista de 1976 era la séptima constitución que se aprobaba en el país. Las cuatro primeras habían sido las mambisas: la de Guáimaro, que siguió a los levantamientos de 1868; la de Baraguá, fruto de la histórica Protesta de Antonio Maceo; la de Jimaguayú, del 16 de septiembre de 1895, dirigida a dar orden a la nueva guerra por la independencia emprendida ese año, a la que seguiría la de La Yaya, el 29 de octubre de 1897. Luego vendría la de 1901, que marcó el nacimiento de la Cuba neocolonial, encadenada a la Enmienda Platt. La sexta fue la de 1940, heredera en cierta medida de las luchas revolucionarias de los años ‘30, que le imprimiría un sello progresista y avanzado a algunos de sus artículos, convertidos después en letra muerta por el sistema imperante.
Solo la Revolución pudo al fin convertir en realidad los principios dejusticia social que se plasmaron en aquel texto, en gran medida gracias al papel que desempeñaron en la Asamblea Constituyente de 1940 los delegados comunistas.
Pero la Revolución, desde luego, no se podía quedar en el marco liberal-burgués de la Constitución de 1940. Al avanzar hacia transformaciones estructurales más profundas, recuperar el patrimonio usurpado a la nación por los monopolios y los terratenientes, y entrar de lleno en la construcción socialista, el país reclamaba una Ley Suprema que sustentara jurídicamente los cambios trascendentales operados en la isla y sirviera de fundamento, a la vez, a todas las demás leyes y normas que debieran ser elaboradas y puestas en vigor.
La Constitución —subrayó Raúl Castro— es, en consecuencia, el documento más importante que rige el proceso de institucionalización de la Revolución.
Al discutir el proyecto de nuestra Constitución, y luego al votar por ella, nuestro pueblo ha estado decidiendo directamente sobre el régimen económico-social en el cual quiere vivir; sobre las instituciones a través de las cuales considera que debe organizar sus actividades y dirigir el desarrollo social; sobre el papel, facultades y funciones de esas instituciones; sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos; sobre los deberes de todos.
Ha estado, en definitiva, decidiendo con entera libertad y plena conciencia sobre su vida y su futuro. Ha estado ejerciendo a plenitud su derecho a gobernar, lo que solo es posible cuando el pueblo es dueño de las riquezas y de los medios fundamentales de producción, cuando está realmente en el poder, cuando es verdaderamente soberano y tiene en sus manos el presente y el porvenir de la patria.[2]
Después de 16 años en vigor, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de sus facultades, modificó en 1992 algunos artículos de la Constitución, a fin de adecuar sus normativas a la nueva realidad existente en el mundo desde principios de esa década, y proveer las bases jurídicas para las transformaciones y reformas económicas que Cuba se ha visto obligada a llevar adelante para su reinserción internacional.
Fragmento tomado de 45 grandes momentos de la Revolución Cubana, editorial Ocean Press, México, D.F., 2004.
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