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Publicado : 13/02/2014
En la segunda mitad de los años ‘70, bajo la Administración de James Carter,
la evidencia del fracaso del bloqueo, la solidez de las ascendentes
relaciones de Cuba con los países socialistas, y la estrategia
emprendida entonces en torno a los «derechos humanos» y la pretensión de
legalizar una «oposición pacífica» interna a la Revolución, obligaron
al gobierno estadounidense a reconsiderar y adecuar algunas de las
decisiones presidenciales tomadas en épocas precedentes con el propósito
de aislar y asfixiar económicamente a la isla.
Con el arribo de Ronald Reagan
a la Casa Blanca, a comienzos de la década del ‘80, aquella incipiente
distensión quedó sepultada y se inició una larga etapa caracterizada por
la escalada de medidas dirigidas a restablecer en todo su rigor el
bloqueo, e incrementar, a la vez, el asedio propagandístico, lo que
incluyó el establecimiento de la llamada Radio Martí , y luego las trasmisiones de televisión con ese mismo nombre.
Al producirse el colapso de los países de
Europa oriental y central, y el desmembramiento y desintegración de la
URSS, a fines de 1991, las fuerzas políticas de ultraderecha en Estados
Unidos, íntimamente vinculadas a lo más reaccionario de la emigración
cubana en ese país, asumieron que Cuba no podría resistir ese golpe, que
la isla, sola, se convertiría en fácil víctima de la política
norteamericana, y que, por tanto, había llegado el momento para tomar la
ofensiva y dar los pasos necesarios que aseguraran la liquidación de
Cuba.
Esas fueron las premisas sobre las cuales surgió la Ley Torricelli,
firmada por la Administración Bush en octubre de 1992, la cual no solo
comportaba un recrudecimiento extremo del bloqueo sino, además, una
verdadera actualización de todas las políticas de Estados Unidos contra
la Revolución cubana.
Un objetivo esencial de esta legislación
fue cortar el comercio de Cuba con subsidiarias norteamericanas
radicadas en terceros países. Después del derrumbe socialista, estas
relaciones se habían casi triplicado, elevándose a 705 millones de
dólares anuales, los cuales correspondían casi por completo a compras de
alimentos, medicinas y suministros para la agricultura.
Perseguía, por otra parte, obstaculizar el
traslado a Cuba de mercancías de todo tipo, al establecer que todo buque
que tocara puertos cubanos no podría arribar a territorio
estadounidense durante 6 meses.
Junto a medidas de este corte, destinadas a tratar de matar por hambre y enfermedades al pueblo cubano, la Ley Torricelli
abría al Ejecutivo la posibilidad de utilizar contra Cuba el llamado
«carril dos», es decir, el de las comunicaciones, la información y la
influencia ideológica.
El fracaso de esta Ley, no obstante su
costoso impacto sobre la economía cubana, a la que se sumaron las
medidas adicionales dispuestas por el presidente William Clinton, el 20 de agosto de 1994, a raíz de la denominada «crisis de los balseros»,
condujeron a la extrema derecha atrincherada en el Congreso
estadounidense a fraguar un nuevo paso, síntesis de diversas propuestas
de corte similar aparecidas en ese período: el proyecto de Ley Helms-Burton.
Paradójicamente, Clinton,
quien había criticado este texto por excesivo e innecesario, lo firmó
sorpresivamente después del incidente del 24 de febrero de 1996, cuando
dos avionetas del grupo paramilitar Hermanos al Rescate,
con base en Miami, que incursionaban de modo reiterado y provocador en
el espacio aéreo de la isla, fueron derribadas por cazas cubanos.
La Ley Helms-Burton significó,
por encima de todo, un paso cualitativo en las políticas
norteamericanas hacia Cuba, al establecer, de modo detallado y
explícito, un programa para la recolonización de la isla bajo la tutela
de Estados Unidos. Estas políticas, que habían sido prerrogativa
presidencial, fueron sometidas ahora a la autoridad del Congreso.
Si el centro de ataque de la Ley Torricelli fue el comercio con las subsidiarias norteamericanas, la Ley Helms-Burton
colocó su énfasis fundamental en desestimular, obstaculizar y frustrar
la inversión extranjera en Cuba. Para ello enarboló como pretexto la
compensación por las propiedades norteamericanas nacionalizadas entre
1959 y 1960, incluyendo de modo arbitrario en este capítulo a los
cubanos que más tarde se hicieron ciudadanos norteamericanos, y cuyas
propiedades fueron expropiadas desde el 1ro. de enero de 1959, lo que
obviamente abarca a todos los asesinos y cómplices de la tiranía
batistiana escapados a la justicia revolucionaria.
Nunca antes en el mundo se había conocido
una legislación que, de manera tan arrogante, pretendiera obligar a
personas naturales y jurídicas de terceros países a someterse a las
leyes de Estados Unidos, so pena de enfrentar sanciones y humillaciones
de diverso carácter.
Frente a esta voluntad hegemónica
extraterritorial, diversos países del mundo promulgaron sus
correspondientes «leyes antídoto». La capacidad de desafiar al imperio,
sin embargo, no siempre fue firme y consecuente. Cuba, por su parte,
sometió a consulta popular y luego llevó a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de diciembre de 1996, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas.
A la repulsa de hecho, por todos los medios y en todos los terrenos,
del engendro jurídico estadounidense, se unió así el rechazo legal del
Estado cubano.
Fragmento tomado de 45 grandes momentos de la Revolución Cubana, editorial Ocean Press, México, D.F., 2004.
Tomado del Memorial de la Denuncia Cubacusa
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