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Publicado : 13/02/2014
Después del desastre sufrido por la Administración norteamericana y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Playa Girón, y mientras se debatía cómo reorganizar la actividad contrarrevolucionaria, el gobierno de John Fitzgerald Kennedy
continuó durante 1961 las presiones internacionales para lograr el
aislamiento de Cuba, en particular dentro del continente, sirviéndose
para ello del papel subordinado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Salvo actitudes dignas como las de México, y otras como las del gobierno brasileño de Joao Goulart,
la mayoría de los regímenes latinoamericanos fueron plegándose a estas
maniobras y recibieron a cambio los pedazos de la cuota azucarera
arrebatada a Cuba y algunos fondos de la llamada Alianza para el
Progreso.
En diciembre de 1961 fue aprobado convocar
para el hotel-casino San Rafael, en el balneario de Punta del Este,
Uruguay, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA.
Estados Unidos, el verdadero organizador de
este encuentro, trabajó febrilmente para alcanzar su objetivo: la
expulsión de Cuba de la OEA y el rompimiento colectivo de relaciones
diplomáticas, como parte de un nuevo plan para derrocar la Revolución
que incluía también medidas económicas —el reforzamiento del bloqueo— y
alternativas militares.
El 3 de enero de 1962, en efecto, el Departamento de Estado emite otro de los denominados «Papeles Blancos», en el que acusa a Cuba de ser un «satélite soviético». El día 7 de ese mismo mes, el Secretario de Estado Dean Rusk
declara que la reunión de la OEA deberá enfrentar el peligro del
«castrismo» en América Latina e imponer sanciones a Cuba. El día 19,
casi en las vísperas del encuentro de Punta del Este, el gobierno
norteamericano circula una propuesta, según la cual los Estados miembros
de la OEA adoptarían «sanciones automáticas» contra la isla, si el
gobierno cubano no rompe sus lazos con los países comunistas en un plazo
de 60 días.
Cuba —apuntó Fidel Castro en una
comparecencia por televisión en aquellos días— va a librar en Punta del
Este una batalla por toda la América, puesto que esa batalla se está
librando alrededor de un principio clave, fundamental: el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, el derecho a la soberanía de los
pueblos […] ¿Qué están buscando allí los imperialistas? El derecho a
intervenir en cualquier pueblo de América Latina. Dondequiera que el
pueblo empiece a rebelarse, dondequiera que el pueblo empiece a
mostrarse inconforme contra la explotación imperialista, tener ellos el
derecho a intervenir, incluso con sus fuerzas armadas.[1]
La delegación cubana a Punta del Este estuvo encabezada por el Presidente de la República, Osvaldo Dorticós Torrado, a quien acompañó el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa García.
Yo quiero formular aquí —dijo Dorticós en su discurso— una pregunta a los señores ministros de relaciones exteriores que nos acusan, pero sobre todo quiero formular una pregunta al señor Secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos; la pregunta es ésta: ¿Es cierto o no, a juicio de ustedes, que el gobierno norteamericano, el Servicio de Inteligencia norteamericano, bajo la jefatura de Allan Dulles, promovió, financió, dirigió y sustentó el bombardeo a La Habana y Santiago de Cuba y la invasión de nuestro país por Playa Girón? […] Y, ¿por qué no se alteraron entonces? ¿Por qué no funcionó la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no se enfrentaron ustedes, señores acusadores de Cuba —y me refiero solo a los acusadores de Cuba aquí presentes— a los Estados Unidos? ¿Es que los Estados Unidos, dentro de las normas rigurosas y estrictas de la Organización de Estados Americanos, tiene la licencia excepcional de invadir un país sin que nada ocurra? ¿Para qué sirve entonces la Organización de Estados Americanos?[2]
El 30 de enero, después de intensos
cabildeos en los que la representación norteamericana ofreció dinero y
promesas de todo tipo, fue aprobada por 14 votos a favor, uno en contra y
6 abstenciones, la resolución sobre la «Exclusión del actual gobierno
de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano».
El citado texto postulaba:
1. La adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano, y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio.
2. El actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los propósitos y principios del Sistema Interamericano.
3. Esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de participar en el Sistema Interamericano.
4. El Consejo de la Organización de Estados Americanos y los órganos y organismos del Sistema Interamericano adoptarán sin demora las providencias necesarias para cumplir esta Resolución.[3]
Pocos días después, el 13 de febrero, el Consejo de la OEA haría efectiva la exclusión de Cuba de esa organización.
Pero antes, el día 4 de ese mes, La Habana fue
estremecida por una de las concentraciones populares más grandes y
vigorosas que recuerde la historia del país. Más de un millón de cubanos
colmaron la Plaza de la Revolución José Martí, y allí, tras escuchar su
lectura por Fidel Castro, aprobaron con los brazos en alto otro
documento muy distinto: la Segunda Declaración de La Habana.
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