Dilma
Rousseff fue destituida como presidenta del país. No obstante, podrá
ocupar cargos públicos al no perder sus derechos políticos
No obstante, podrá ejercer cargos públicos gracias a una moción presentada por la defensa y aceptada en otra votación en el mismo pleno del Senado.
Por el momento, el abogado defensor José Eduardo Cardozo anunció que interpondrá dos acciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Cardozo reiteró que no existe justa causa para sustentar el apartamiento de Rousseff. Según la Agencia Brasil, el abogado dijo que cuestionarían la ausencia de un motivo legal para llevar adelante el impeachment y apartar a la mandataria sin ningún fundamento, ni presupuesto constitucional.
De esta forma, se consumó el golpe de Estado parlamentario que se venía preparando desde meses atrás y se evidenciaron las grandes limitaciones de la democracia burguesa. Brasil pasó a integrar así la lista de otros países de la región que han padecido estas versiones modernas que, revestidos de legalidad, obstruyen y violentan la soberanía de los pueblos. Pudo más el deseo de una minoría conservadora lastimada por su derrota en las últimas elecciones del 2014 que la voluntad popular expresada en las urnas. Desgastaron un gobierno por medio de mentiras, chantajes y desestabilización.
Durante todo el proceso de impeachment contra Rousseff la parte acusatoria no pudo probar nunca el supuesto delito cometido: maquillar las cuentas fiscales. Un método usado por gobernantes anteriores sin ningún tipo de consecuencia política. Esto da la medida de la cacería de brujas iniciada luego de que en un mitin en diciembre pasado el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva asomara la posibilidad de presentarse a las elecciones del 2018. Ello provocó un torbellino político en la nación que, sumado a errores en cuestiones económicas, chantajes por parte de figuras polémicas como Eduardo Cunha, y una poderosa maquinaria mediática convertida en partido político prácticamente demonizaron a ambos líderes petistas y desembocaron en la destitución de Rousseff.
La inestabilidad política se hizo más fuerte cuando en marzo pasado el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) abandonó la coalición de gobierno con el Partido de los Trabajadores (PT). Al irse de la alianza gobernante muchos dirigentes pemedebistas anunciaron lo que venían tramando de antemano: “Brasil presente, Temer presidente”. Esto fue un duro golpe al PT.
La movida de ayer significa un retroceso en los logros sociales, regionales y económicos alcanzados durante 13 años de gobierno del PT, el respeto a la Constitución, el papel de Brasil en el plano regional, la defensa de los recursos naturales y su futuro. Es también un llamado de alerta a los movimientos sociales y de izquierda que ahora, desde la oposición, han dicho que se mantendrán en las calles hasta que no se restituyan los derechos de la mayoría que ha sido relegada.
Otro elemento interesante fue la composición de los congresistas que tuvieron en sus manos el destino político de la exguerrillera y del país: 35 de los 81 senadores que participaron en las sesiones finales del impeachment tienen investigaciones por lavado de dinero, corrupción y favoritismo político. Casi el 60 % de esos hombres y mujeres que la juzgaron tienen procesos en curso por corrupción.
DILMA: SALGO DE LA PRESIDENCIA CON LA MISMA DIGNIDAD CON QUE LLEGUÉ
Dilma Rousseff fue juzgada por primera vez en su vida cuando tenía 20 años, a principios de la década de los 70. Era una revolucionaria guerrillera que se enfrentaba a un tribunal de militares que tenían la cara tapada para no ser reconocidos. La imagen de la joven menuda sentada en el banquillo de los acusados por defender una ideología se repitió 46 años después, cuando fue juzgada por segunda vez ante un plenario de senadores, corruptos en su mayoría. Allí dijo sentir nuevamente en la boca “el gusto áspero y amargo de la injusticia y el arbitrio; por eso resisto, al igual que en el pasado”.
Rousseff fue interrogada durante 14 horas el pasado lunes, como parte de la etapa final del proceso de impeachment en su contra. En su discurso y en sus intervenciones para responder las preguntas de los senadores —detractores y aliados— se mantuvo serena y a la altura del momento histórico que ella sabía estaba protagonizando.
En un discurso valorado por analistas como el más importante de su carrera política, insistió en que el país estaba al borde de la consumación de “una grave ruptura institucional”.
Allí reiteró que las acusaciones lanzadas contra ella eran “meros pretextos sustentados por una frágil retórica jurídica”.
“Son pretextos para viabilizar un golpe a la Constitución. Un golpe que, de consumarse, resultará en una elección indirecta de un gobierno usurpador”, dijo en aquel momento.
La grandeza de Rousseff, no solo como mujer, sino como política, se puso de manifiesto nuevamente este miércoles cuando compareció ante la prensa y envió otro mensaje al pueblo brasileño después de conocida la sentencia en su contra.
En sus primeras palabras aseguró que el gobierno golpista de Michel Temer enfrentará “la más determinada, firme y enérgica oposición”. “En este momento no diré adiós, sino hasta de aquí a poco, porque a partir de ahora lucharé incansablemente para continuar construyendo un Brasil mejor”, dijo.
En otro momento aseguró que la decisión tomada este día entrará en la historia como una de las más grandes injusticias; mientras insistió en que lo sucedido fue “una inequívoca elección indirecta”.
Este es un fraude contra el cual vamos a recurrir en todas las instancias posibles, dijo y advirtió luego que este era solo el comienzo, pues el golpe no va dirigido solo contra ella, sino también contra el pueblo y la nación, contra los movimientos sociales y sindicales y contra todos aquellos que luchan por sus derechos.
“Es un golpe homofóbico, misógino, intolerante, racista; que apunta contra quienes superaron la miseria y dejaron de ser invisibles a la nación pasando a tener derechos que siempre les fueron negados, y también contra la soberanía nacional”, afirmó.
Rousseff concluyó diciendo que salía de la Presidencia de la República con la misma dignidad con la que había llegado y también con idéntica voluntad de continuar luchando por Brasil.
PODER EN LA SOMBRA
El Brasil de Michel Temer, quien concluirá el mandato de Rousseff hasta el 2018, está compuesto por una representación de la élite política: hombres blancos adinerados. El pueblo se ha quedado fuera en este nuevo mandato.
Temer está acusado de corrupción. Una de las últimas acusaciones fue la del expresidente de Transpetro, la empresa de transporte de petróleo y gas más grande de Brasil, Sergio Machado, quien dijo que Temer controlaba todos los sobornos que el PMDB recibía.
También lo acusó de pedir unos 700 000 dólares en fondos ilegales para financiar campañas de candidatos de su partido.
Él gobernará con siete personas investigadas por la Justicia o que ya fueron condenadas. Muchos han tenido hasta que renunciar como fue el caso de Romero Jucá. Otro que está bajo la lupa de la justicia es Eliseu Padilha, jefe de la Casa Civil. El integrante del PMDB, mismo de Temer, se libró de una acusación de desvío de recursos y estaba siendo inquirido por la contratación de una empleadora fantasma mientras era líder de la Cámara de Diputados. A esa lista se suma el caso de Bruno Araújo (Partido de la Social Democracia Brasileña). Su voto por el Sí, el 342, decidió la votación en la Cámara de Diputados cuando se debatió el proceso de impeachment contra Rousseff el pasado 17 de abril. Tal parece que su puesto al frente de la cartera de Ciudades es un regalo por su “valentía”.
El clan de Temer incluye a Sérgio Etchegoyen, quien dirige un ministerio renovado por el presidente interino: el de Seguridad Institucional. Su nombre apareció como sugerencia del Comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas y el extitular de Defensa, Nelson Jobim. Sérgio es hijo del general Leo Guedes Etchegoyen, uno de los responsables señalados en los informes de la Comisión de la Verdad creada para investigar los crímenes de la dictadura (1964-1985).
Temer no tendrá una presidencia tranquila. Las fuertes protestas en las calles que tienen lugar desde días pasados es un reflejo de lo que enfrentará. Sus primeras medidas incluyen recortes al gasto público, privatizaciones en salud, educación; aumento de la edad para la jubilación y una revisión “exhaustiva” de los programas sociales implementados durante los gobiernos petistas. Desde su primer día anunció que se adoptarían medidas “duras” y “de urgencia” enfocadas sobre todo en la economía. El neoliberalismo toca a la puerta nuevamente.
Henrique Meirelles (PMDB), ocupante de la cartera de Hacienda, dijo que “se recortarán los gastos y privilegios para los que no lo necesitan”. El titular, muy respetado en Wall Street y expresidente del Banco Central brasileño (2003-2011) reconoció que los programas sociales implementados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores “se mantendrán”.
Aumentar la inversión extranjera con capital privado en los recursos energéticos del país también forma parte de la agenda. “El Gobierno no puede sobrellevar todas las demandas de un pueblo, se necesita la inversión privada y eso es lo que yo haré”, dijo. También se reformará el sistema de pensiones y se recortarán al menos 4 000 puestos de trabajadores del sector público. Nada de lo anunciado sorprende.
Con Temer en la presidencia ahora se cumple el dicho de que los pemedebistas son expertos en el arte de gobernar sin haber ganado nunca una elección. Ello se debe fundamentalmente a que son la mayor fuerza política del país por regiones, tienen las primeras minorías en las cámaras de Diputados y del Senado y el mayor número de gobernadores y alcaldes del país.
Carente de una figura carismática o conocida por los brasileños, o quizá alejado siempre del pueblo, el PMDB nunca ha presentado una candidatura propia a ninguna elección. Su técnica es ofrecerse como aliado al gobernante de turno.
SOLIDARIDAD Y CONDENA MUNDIAL
El Gobierno venezolano publicó un comunicado condenando categóricamente el proceso llevado a cabo en Brasil donde “peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país”.
El documento culpa a las oligarquías políticas y empresariales que actuaron conjuntamente con factores imperiales, que buscaron acceder al poder mediante la vía del fraude y la inmoralidad.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter escribió: “Toda la solidaridad con Dilma y el pueblo de Brasil, condenamos el golpe oligárquico de la derecha. ¡Quién lucha vence!”.
Por su parte, Evo Morales, mandatario de Bolivia, utilizó esa misma plataforma para escribir: “Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil. Fuerza Dilma”.
Otro mandatario latinoamericano, el de Ecuador, Rafael Correa, tuiteó: “destituyeron a Dilma. Una apología al abuso y la traición. Jamás cohonestaremos estas prácticas que nos recuerdan las horas más obscuras de nuestra América. Toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula, y con todo el pueblo brasileño. ¡Hasta la victoria siempre!”.
Un comunicado oficial del Gobierno ecuatoriano condenó el golpe de Estado y consideró ilegítimo el proceder en la instancia legislativa por incumplir con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad.
“El Gobierno del Ecuador no puede soslayar el hecho de que un número importante de los decisores en el proceso de juicio político a la Presidenta están siendo investigados por graves actos de corrupción”, acotó el texto.
Por su parte, a nombre de Nicaragua, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, clasificó de golpe parlamentario la separación de la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff, y lamentó que ese suceso represente de muchas maneras la apertura de una etapa difícil para el pueblo brasileño, donde se habla del regreso de las políticas neoliberales.
En su momento nuestro gobierno condenó este proceso por considerarlo injusto y ahora se han pronunciado también los gobiernos hermanos de América Latina condenándolo como arbitrario e ilegítimo, destacó Murillo.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández, advirtió que el juicio político contra Rousseff representa una “nueva forma de violentar la soberanía popular”.
También lamentó que América del Sur se convierta, otra vez, en “un laboratorio de la derecha más extrema”, ya que Brasil no es el único caso en la región.
“Nuestro corazón junto al pueblo brasileño, Dilma, (el expresidente Luiz Inácio) Lula y los compañeros del PT”, sostuvo Fernández.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador expresó que “se ha consumado un golpe de Estado contra la voluntad del pueblo brasileño y contra su legítima gobernante”.
Agregó que el FMLN hace “votos por que la democracia verdadera y popular encuentre de nuevo sus caminos naturales para garantizar a las grandes mayorías un gobierno justo y equitativo, tal como lo estaba llevando adelante la compañera Rousseff”.
El secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Costa Rica, Juan Reverter, aseveró que “condenamos el acto y lo vemos como un golpe de Estado de nuevo tipo y calca lo realizado contra Manuel Zelaya en Honduras, en el 2009, y Fernando Lugo en Paraguay, en el 2012”.
En Uruguay, el diputado Daniel Caggiani, vicepresidente del Parlasur y miembro del Frente Amplio, manifestó que “no hay más democracia en Brasil. La misma fue sustraída por un grupo de parlamentarios corruptos y de jueces que no están del lado de la justicia”.
El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (Copppal), Manolo Pichardo, expresó su preocupación e indignación por el “golpe parlamentario” llevado a cabo contra Rousseff.
Una nota divulgada por el Círculo Bolivariano de París y el Colectivo ALBA Francia manifestó su rechazo a la destitución y lo consideraron un golpe de Estado del Senado.
El partido español Podemos comunicó que “tras muchos meses de incertidumbre y de trampas legislativas”, el Senado brasileño votó por la destitución de Rousseff.
El documento criticó que esa institución sudamericana, en la que alrededor del 60 % de sus integrantes tiene abiertos casos de corrupción, fue la que destituyó a la Presidenta de la República, “elegida democrática y legítimamente” hace apenas dos años por más de 54 millones de brasileños.
Asimismo, el grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo condenó la “clara violación de la democracia” .
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