Para los más de 11 millones de habitantes del archipiélago cubano hablar sobre el bloqueo y su impacto en nuestra sociedad, no es volver sobre lo mismo. Año tras año se acumulan los beneficios no alcanzados, los viajes denegados, las importaciones encarecidas y las multas millonarias a los socios comerciales.
Por ello, denunciar esta política estadounidense, vigente por casi seis décadas, es sinónimo de luchar por un mejor futuro para el país.
La renovación este 2016 del Informe de Cuba sobre la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Necesidad de ponerle fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» es muestra patente de todas las limitaciones que imponen las medidas de EE. UU. en los variados aspectos sociales y económicos de la Isla.
Los datos que recoge el documento son solo una parte de los verdaderos efectos, pues el impacto humanitario en sectores como la salud, la educación y la alimentación son incalculables.
Cuba no es la única afectada; como política extraterritorial al fin, el bloqueo restringe las capacidades de negocios e intercambio de múltiples empresas, naciones y personas en general de todo el mundo, incluidos los propios estadounidenses.
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