En la arista ideológica, uno de los impactos tiene que ver con la generación de contenidos, expresó, y en ese sentido nuestras plataformas deben estar orientadas a la gestión del conocimiento, para que la gente pueda elevar sus valores espirituales y culturales. Tenemos que ser capaces de generar contenido en el ciberespacio a favor de la Revolución, agregó.
Sostuvo que la informatización y la automatización tienen un impacto económico, pues dotan a los procesos productivos y creativos de una mayor eficiencia.
En lo social, apuntó al desarrollo de plataformas informáticas que permitan a los ciudadanos interactuar con el gobierno y las instituciones, y puedan sugerir, criticar, argumentar, proponer. Tengo la convicción, dijo, de que a pesar de las limitaciones financieras e infraestructurales, se puede hacer mucho todavía en materia de gobierno electrónico, por lo que debemos «aprovechar más lo que tenemos».
Insistió en desarrollar una cultura de ciberseguridad, percibiendo los riesgos y amenazas, en lo cual será un elemento fundamental la preparación de nuestros directivos, y precisó la necesidad de que las instituciones avancen en la implementación de la política de informatización e incorporen masiva y ordenadamente el uso de aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados por las entidades cubanas.
Entre las buenas prácticas del uso de las TIC de algunos Organismos de la Administración Central del Estado, ejemplificó con la plataforma Cubaeduca, del Ministerio de Educación, la enciclopedia colaborativa EcuRed, y el portal Infomed, del Ministerio de Salud Pública.
Según señaló, el desarrollo de ese sector debe convertirse en un arma para la defensa de la Revolución; garantizar la ciberseguridad frente a los riesgos y amenazas de todo tipo; asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológica; potenciar el acceso de los ciudadanos al empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); preservar el desarrollo del capital humano; desarrollar y modernizar todas las esferas de la sociedad en apoyo a las prioridades del país; e integrar la investigación, el desarrollo y la innovación, con la elaboración y comercialización de productos y servicios.
Para lograrlo, deberán implementarse un grupo de acciones, como instrumentar el sistema nacional de seguridad; perfeccionar los mecanismos de gestión, actualización y comercialización de servicios, contenidos digitales y dispositivos informáticos; implementar el desarrollo y modernización de la infraestructura tecnológica; fomentar la industria de equipamiento vinculada a las TIC; y perfeccionar el marco legal, regulatorio y normativo, entre otras.
El titular del sector hizo referencia a algunos de los avances alcanzados hasta el momento, como los primeros pasos para la organización y posterior informatización de los 99 registros públicos que existen en el país; la elaboración de planes de desarrollo para el uso de las TIC, de órganos, Organismos de la Administración Central del Estado y los territorios; se conciben un grupo de proyectos asociados a la seguridad de las redes informáticas; y se avanza en la creación de capacidades para incrementar el acceso de la población a Internet con la perspectiva de que las tarifas sean cada vez más asequibles.
Otros resultados palpables de la implementación de la política han sido el ensamblaje de computadoras, la producción de laptop y tabletas; la instalación de 3 330 nuevos enlaces de datos en instituciones de 23 organismos y entidades nacionales; el aumento del ancho de banda para las instituciones en un 72 %; el funcionamiento de 869 radiobases en la red de acceso a la telefonía celular –de ellas 358 que sirven de soporte a la tecnología de tercera generación–, y de más de 630 salas de navegación de Internet.
Además, están a disposición 370 sitios públicos para el acceso vía inalámbrica a Internet (zonas wifi), existen más de cuatro millones de líneas móviles en el país y alrededor de esa misma cifra de usuarios han logrado acceso a la red de redes; mientras poseen el servicio público de correo nauta más de dos millones de usuarios, y más de 600 contrataron el servicio de acceso a Internet desde el hogar, aunque, apuntó, todavía no tiene las tarifas más asequibles.
De igual forma, informó que más de siete millones de habitantes tienen cobertura de la señal digital terrestre, y se han comercializado más de un millón de receptores de televisión digital (las llamadas cajitas, y los televisores híbridos), están en funcionamiento 910 cajeros automáticos y hay más de tres millones de tarjetas bancarias, así como que se han desplegado otros canales de pago electrónico.
La informatización hospitalaria y de las oficinas de control y cobro de multas de la ONAT, la implementación del sistema digital para el servicio mayorista de las farmacias, el despliegue de la distribución del sistema operativo de código abierto NOVA, y la disminución del precio de la navegación nacional a 0,10 centavos, figuran entre otros resultados.
Hay muchas cosas por hacer, relacionadas con los problemas de conectividad, asequibilidad de los servicios y acceso, carencia de esquemas de sostenibilidad y modelos de negocios ventajosos, y la escasa implementación de servicios digitales. En la medida que las posibilidades económicas lo permitan mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, mediante estas prestaciones y se elevará la eficiencia de los procesos productivos y de servicios, subrayó Mesa.
La diputada Aixa Hevia, por el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, abrió el debate con la preocupación por el acceso de la población a los contenidos nacionales y el desarrollo de los mismos, así como por las figuras delictivas que puedan surgir en el nuevo escenario de la informatización, y cómo enfrentarlas con regulaciones atemperadas a estos tiempos.
Sobre el tema se pronunció además el diputado Jorge Luis Mazorra, recién graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) y parlamentario por el municipio capitalino de Marianao, quien
además llamó la atención sobre la migración laboral hacia otros sectores y cómo debemos seguir trabajando para dar una atención oportuna y diferenciada a los jóvenes, y contribuir al desarrollo profesional de los graduados.
Además, el diputado cuestionó el elevado precio de las cajas decodificadoras, de alrededor de 50 CUC, y preguntó si existe una proyección o voluntad de brindar subsidios a las personas, llegado al momento del apagón analógico.
Wilfredo González, viceministro del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), reconoció la urgencia de disponer de contenidos propios y generar servicios locales, ante el monopolio de las grandes empresas internacionales, por lo que un imperativo es avanzar en materia de acceso, y convertir los contenidos en servicios digitales.
Acerca de los problemas asociados a la migración del capital humano, sobre los que se pronunciaron varios diputados, el vicetitular refirió que precisamente hoy la principal fortaleza de la informatización son los más de 25 000 profesionales con que contamos; no obstante, el desarrollo del capital humano y su atención debe ser una prioridad.
A propósito, Alicia Alonso Becerra, diputada por San Miguel del Padrón y rectora de la Cujae, abordó el tema desde la perspectiva de la fluctuación de profesores universitarios al sector empresarial y cuentapropista, y propuso que se tuviera en cuenta el rol que desempeña este profesional.
El viceministro primero del Mincom, Jorge Luis Perdomo, al profundizar en la preocupación sobre los precios de las cajitas decodificadoras, expresó que el apagón analógico dependerá de decisiones conciliadas, gubernamentales y de la penetración que tenga este servicio. El propósito es no dejar desprotegida a la población. Hasta el momento, manifestó, el servicio de televisión analógica continúa, y se trabaja en poder disminuir esos precios, así como agregar prestaciones a la cajita.
Sobre el uso del software libre, Miriam Nicado, rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas y miembro del Buró Político, mencionó que se viene trabajando desde el año 2009, cuando se inició la primera versión del sistema operativo Nova en el país, producto de la alianza estratégica Universidad-empresa. Se trata de un problema de seguridad, de independencia y soberanía tecnológica.
Otros parlamentarios insistieron en la necesidad de potenciar la apropiación y uso de las TIC por parte de los delegados de base, y orientar la política hacia la atención a las personas de la tercera edad. «Hay personas que por no tener acceso a cierta información se trasladan kilómetros y kilómetros para buscar un medicamento», dijo la diputada Kenia Serrano.
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