Las decisiones equivocadas siempre se pagan. A veces muy caro.
Quienes eligen el camino de las drogas ya deberían saberlo, porque en
esos casos, sea cual sea la implicación, el costo casi siempre se
convierte en una hipoteca de vida.
Hipoteca que difícilmente logra saldarse, pues al daño moral le cuelgan, según las circunstancias, largos años tras las rejas.
Por su capacidad de corroer sociedades, el enfrentamiento al narcotráfico, al menos en Cuba, no admite tregua ni clemencia. Ya el General de Ejército Raúl Castro Ruz lo había ratificado durante la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Santiago de Chile, el 28 de enero del 2013: “Vamos a combatir la droga, que nos está empezando a amenazar, a sangre y fuego”.
Y esa máxima, enarbolada por nuestro país desde los años iniciales de la Revolución, mantiene en vilo a los órganos del Ministerio del Interior, los cuales, gracias al apoyo ciudadano, lograron desarticular, en julio del 2015, un grupo de delincuentes que pretendió introducir droga en Cuba, procedente de Jamaica.
De acuerdo con la información brindada por la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), las acciones fueron desplegadas en las provincias de La Habana y Granma, como parte de la operación Nieves, en la que intervinieron fuerzas de la Jefatura de Tropas Guardafronteras, la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones, junto a la Fiscalía General de la República.
Las maniobras permitieron obstaculizar en siete ocasiones la entrada de lanchas rápidas provenientes de suelo jamaicano; ocupar 31 000 dólares destinados al financiamiento de posteriores envíos; así como incautar 295.24 kilogramos de marihuana, cuya entrada al país hubiese provocado un impacto negativo en varios sectores de la sociedad.
El peso de la ley recayó sobre el organizador principal, radicado en Jamaica, y otros diez encartados, responsables de la recepción de la droga en el municipio granmense de Niquero (lugar de entrada), su posterior traslado y comercialización en la capital.
A juicio de las autoridades de la DNA, la participación comprometida de los Destacamentos Mirando al Mar contribuyó a los resultados alcanzados, así como las medidas implementadas para reforzar la vigilancia de la franja costera de Niquero, teniendo en cuenta que se trata de una zona inhóspita y con presencia de recalos.
Tampoco podría pasarse por alto la cooperación de los servicios homólogos jamaicanos. Su desempeño permitió traer al país al acusado principal, quien supuso, tal vez, que su estancia fuera del territorio nacional lo libraría de una condena. Menuda equivocación.
El enfrentamiento al problema de las drogas, significaron los oficiales vinculados al caso, precisa de la colaboración internacional y el permanente apoyo de la población. Y ello ha sido, por fortuna, un signo distintivo de la labor en los últimos años.
ESCARMIENTO
Los días 25 y 26 de mayo del 2016 tuvo lugar, ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, la vista del juicio oral y público de los 11 acusados, quienes fueron condenados a penas que oscilan entre 15 y 30 años de privación de libertad por el delito de tráfico de droga en su modalidad agravada, debido al volumen de estupefacientes y su vinculación con el tráfico internacional.
La participación de alrededor de 400 pobladores en el juicio permitió sensibilizar a los asistentes sobre la gravedad de los acontecimientos, así como fortalecer la
labor preventiva, cual factor esencial en el combate a este fenómeno.
El Tribunal Provincial Popular de Granma sancionó a: Leonardo Núñez Ortega, 30 años de privación de libertad; Alexander Rodríguez Figueredo, 27 años; Yordanquis Hernández Hernández, 23 años; Rudicel Mojenas Arias 20 años; Raúl Mojena Arias y Juan Luis Tamayo Guerra, 18 años; Leodannys Nuñez Cáceres, 17 años; así como Dianelis Yilian Delgado Martínez, Eleosdani Alarcón Figueredo, Yudicel Mojena Rodríguez y Alexander Hernández Hernández a 15 años.
En estos momentos las sentencias transitan por el proceso de apelación.
Hipoteca que difícilmente logra saldarse, pues al daño moral le cuelgan, según las circunstancias, largos años tras las rejas.
Por su capacidad de corroer sociedades, el enfrentamiento al narcotráfico, al menos en Cuba, no admite tregua ni clemencia. Ya el General de Ejército Raúl Castro Ruz lo había ratificado durante la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Santiago de Chile, el 28 de enero del 2013: “Vamos a combatir la droga, que nos está empezando a amenazar, a sangre y fuego”.
Y esa máxima, enarbolada por nuestro país desde los años iniciales de la Revolución, mantiene en vilo a los órganos del Ministerio del Interior, los cuales, gracias al apoyo ciudadano, lograron desarticular, en julio del 2015, un grupo de delincuentes que pretendió introducir droga en Cuba, procedente de Jamaica.
De acuerdo con la información brindada por la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), las acciones fueron desplegadas en las provincias de La Habana y Granma, como parte de la operación Nieves, en la que intervinieron fuerzas de la Jefatura de Tropas Guardafronteras, la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones, junto a la Fiscalía General de la República.
Las maniobras permitieron obstaculizar en siete ocasiones la entrada de lanchas rápidas provenientes de suelo jamaicano; ocupar 31 000 dólares destinados al financiamiento de posteriores envíos; así como incautar 295.24 kilogramos de marihuana, cuya entrada al país hubiese provocado un impacto negativo en varios sectores de la sociedad.
El peso de la ley recayó sobre el organizador principal, radicado en Jamaica, y otros diez encartados, responsables de la recepción de la droga en el municipio granmense de Niquero (lugar de entrada), su posterior traslado y comercialización en la capital.
A juicio de las autoridades de la DNA, la participación comprometida de los Destacamentos Mirando al Mar contribuyó a los resultados alcanzados, así como las medidas implementadas para reforzar la vigilancia de la franja costera de Niquero, teniendo en cuenta que se trata de una zona inhóspita y con presencia de recalos.
Tampoco podría pasarse por alto la cooperación de los servicios homólogos jamaicanos. Su desempeño permitió traer al país al acusado principal, quien supuso, tal vez, que su estancia fuera del territorio nacional lo libraría de una condena. Menuda equivocación.
El enfrentamiento al problema de las drogas, significaron los oficiales vinculados al caso, precisa de la colaboración internacional y el permanente apoyo de la población. Y ello ha sido, por fortuna, un signo distintivo de la labor en los últimos años.
ESCARMIENTO
Los días 25 y 26 de mayo del 2016 tuvo lugar, ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, la vista del juicio oral y público de los 11 acusados, quienes fueron condenados a penas que oscilan entre 15 y 30 años de privación de libertad por el delito de tráfico de droga en su modalidad agravada, debido al volumen de estupefacientes y su vinculación con el tráfico internacional.
La participación de alrededor de 400 pobladores en el juicio permitió sensibilizar a los asistentes sobre la gravedad de los acontecimientos, así como fortalecer la
labor preventiva, cual factor esencial en el combate a este fenómeno.
El Tribunal Provincial Popular de Granma sancionó a: Leonardo Núñez Ortega, 30 años de privación de libertad; Alexander Rodríguez Figueredo, 27 años; Yordanquis Hernández Hernández, 23 años; Rudicel Mojenas Arias 20 años; Raúl Mojena Arias y Juan Luis Tamayo Guerra, 18 años; Leodannys Nuñez Cáceres, 17 años; así como Dianelis Yilian Delgado Martínez, Eleosdani Alarcón Figueredo, Yudicel Mojena Rodríguez y Alexander Hernández Hernández a 15 años.
En estos momentos las sentencias transitan por el proceso de apelación.
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