Asesinato del secretario general del sindicato en la tabaquería La Corona, en La Habana, el 2 de abril de 1948
Alina Martínez Triay / / 31-03-2013 / 10:13
Los hechos: Asesinato del secretario general del sindicato en la tabaquería La Corona, en La Habana, el 2 de abril de 1948.
La víctima: Miguel Fernández Roig, de 54 años, nacido en la barriada capitalina de Luyanó, incorporado al sector tabacalero desde la adolescencia, como aprendiz; militante comunista; luchador activo contra la dictadura de Gerardo Machado; dirigente del Sindicato de Torcedores de La Habana.
Los autores: Manuel Campanería, aupado a la dirección del sindicato tabacalero por el usurpador de la Confederación de Trabajadores de Cuba, Eusebio Mujal; el pistolero Rafael Marrero, alias El Burro, y una docena de matones más.
Los pormenores: La pandilla armada irrumpió en la galera de la tabaquería con el desvergonzado propósito de apoderarse del micrófono del lector y anunciar que quedaba destituida la dirigencia sindical del centro e intervenido el sindicato. Los trabajadores que habían vivido la experiencia el día anterior del intento de elementos como aquellos de apoderarse de la dirección de la Federación Nacional Tabacalera y del Sindicato de Torcedores, se dispusieron a expulsar de la galera a los invasores. Fernández Roig avanzó hacia ellos armado de un tubo de hierro. Recibió un disparo en el hombro, pero no se detuvo; otra bala le atravesó el tórax. Con un postrer esfuerzo logró golpear a uno de sus agresores.
Los móviles: El crimen fue premeditado. Sus ejecutores obedecían a una estrategia trazada por Estados Unidos para lograr que los Gobiernos latinoamericanos adoptaran la política económica y militar aconsejada por el Gobierno estadounidense, lo que requería que el movimiento sindical de las naciones de la región marchara por ese mismo camino. Para eliminar el obstáculo que representaban en Cuba el combativo movimiento sindical y sus aguerridos líderes, se desató una ofensiva imperialista, con la complicidad del Gobierno proimperialista de Ramón Grau San Martín y de Carlos Prío Socarrás, quien lo apoyó en este empeño, primero como ministro del trabajo y después continuó esa política como presidente.
Las evidencias: En 1947 el Gobierno de Grau negó validez al V Congreso de la legítima CTC y convocó ilegalmente otro cónclave que llevó a la dirección del movimiento sindical a dirigentes serviles y corruptos. La policía, amparada por una Resolución del Ministerio del Trabajo, asaltó el Palacio de los Trabajadores, desalojó a la dirigencia de la CTC electa democráticamente y entregó el edificio a los mujalistas. Fueron destituidas por decreto las organizaciones sindicales que defendían a la clase obrera y en su lugar se impusieron elementos favorables a la política promovida por Washington. Se fomentaron las pandillas gansteriles que actuaban impunemente al margen de la ley, asaltaban los locales de los sindicatos, robaban sus fondos, cobraban a punta de pistola las cuotas para los seudodirigentes impuestos, vendían las conquistas de los trabajadores, disolvían a tiros las asambleas y asesinaban a líderes sindicales como lo hicieron en ese año de 1948 con Jesús Menéndez, Miguel Fernández Roig y Aracelio Iglesias.
El veredicto: El asesinato de Fernández Roig no requería más pruebas para declarar culpables a Campanería y sus compinches que el testimonio de los trabajadores que habían sido testigos de los hechos. Sin embargo, los criminales no fueron condenados a pesar de la ola de repudio que generó la muerte del prestigioso líder entre los tabacaleros, quienes paralizaron las fábricas en señal de protesta. Por el contrario, Campanería fue “electo” en el siguiente congreso de la Confederación mujalista para el ejecutivo nacional de la organización que supuestamente constituía la máxima representación de los trabajadores y le asignaron nada menos que ¡la secretaría de cultura!
Caso cerrado: Parecía que el principal asesino de Miguel Fernández Roig quedaría impune. Pero fue identificado después del triunfo revolucionario a su paso por un país europeo, cuyas autoridades cooperaron con su captura, y respondió por su crimen ante la justicia. Este fue un caso cerrado y aunque otros falsos dirigentes sindicales de aquellos tiempos escaparon al castigo que merecían por sus fechorías, lo que sí se cerró para siempre fue ese capítulo bochornoso de nuestra historia que los trabajadores con sus luchas lograron dejar atrás.
La víctima: Miguel Fernández Roig, de 54 años, nacido en la barriada capitalina de Luyanó, incorporado al sector tabacalero desde la adolescencia, como aprendiz; militante comunista; luchador activo contra la dictadura de Gerardo Machado; dirigente del Sindicato de Torcedores de La Habana.
Los autores: Manuel Campanería, aupado a la dirección del sindicato tabacalero por el usurpador de la Confederación de Trabajadores de Cuba, Eusebio Mujal; el pistolero Rafael Marrero, alias El Burro, y una docena de matones más.
Los pormenores: La pandilla armada irrumpió en la galera de la tabaquería con el desvergonzado propósito de apoderarse del micrófono del lector y anunciar que quedaba destituida la dirigencia sindical del centro e intervenido el sindicato. Los trabajadores que habían vivido la experiencia el día anterior del intento de elementos como aquellos de apoderarse de la dirección de la Federación Nacional Tabacalera y del Sindicato de Torcedores, se dispusieron a expulsar de la galera a los invasores. Fernández Roig avanzó hacia ellos armado de un tubo de hierro. Recibió un disparo en el hombro, pero no se detuvo; otra bala le atravesó el tórax. Con un postrer esfuerzo logró golpear a uno de sus agresores.
Los móviles: El crimen fue premeditado. Sus ejecutores obedecían a una estrategia trazada por Estados Unidos para lograr que los Gobiernos latinoamericanos adoptaran la política económica y militar aconsejada por el Gobierno estadounidense, lo que requería que el movimiento sindical de las naciones de la región marchara por ese mismo camino. Para eliminar el obstáculo que representaban en Cuba el combativo movimiento sindical y sus aguerridos líderes, se desató una ofensiva imperialista, con la complicidad del Gobierno proimperialista de Ramón Grau San Martín y de Carlos Prío Socarrás, quien lo apoyó en este empeño, primero como ministro del trabajo y después continuó esa política como presidente.
Las evidencias: En 1947 el Gobierno de Grau negó validez al V Congreso de la legítima CTC y convocó ilegalmente otro cónclave que llevó a la dirección del movimiento sindical a dirigentes serviles y corruptos. La policía, amparada por una Resolución del Ministerio del Trabajo, asaltó el Palacio de los Trabajadores, desalojó a la dirigencia de la CTC electa democráticamente y entregó el edificio a los mujalistas. Fueron destituidas por decreto las organizaciones sindicales que defendían a la clase obrera y en su lugar se impusieron elementos favorables a la política promovida por Washington. Se fomentaron las pandillas gansteriles que actuaban impunemente al margen de la ley, asaltaban los locales de los sindicatos, robaban sus fondos, cobraban a punta de pistola las cuotas para los seudodirigentes impuestos, vendían las conquistas de los trabajadores, disolvían a tiros las asambleas y asesinaban a líderes sindicales como lo hicieron en ese año de 1948 con Jesús Menéndez, Miguel Fernández Roig y Aracelio Iglesias.
El veredicto: El asesinato de Fernández Roig no requería más pruebas para declarar culpables a Campanería y sus compinches que el testimonio de los trabajadores que habían sido testigos de los hechos. Sin embargo, los criminales no fueron condenados a pesar de la ola de repudio que generó la muerte del prestigioso líder entre los tabacaleros, quienes paralizaron las fábricas en señal de protesta. Por el contrario, Campanería fue “electo” en el siguiente congreso de la Confederación mujalista para el ejecutivo nacional de la organización que supuestamente constituía la máxima representación de los trabajadores y le asignaron nada menos que ¡la secretaría de cultura!
Caso cerrado: Parecía que el principal asesino de Miguel Fernández Roig quedaría impune. Pero fue identificado después del triunfo revolucionario a su paso por un país europeo, cuyas autoridades cooperaron con su captura, y respondió por su crimen ante la justicia. Este fue un caso cerrado y aunque otros falsos dirigentes sindicales de aquellos tiempos escaparon al castigo que merecían por sus fechorías, lo que sí se cerró para siempre fue ese capítulo bochornoso de nuestra historia que los trabajadores con sus luchas lograron dejar atrás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario