Así
lo expresó, la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora
general, Gladys María Bejerano Portela en el balance de trabajo del
Sistema Nacional de Auditoría (SNA) y la Contraloría General de la
República
“El trabajo de los auditores no se puede reducir a
dejar un informe. Se trata de dejar conciencia, convicción. Intensificar
la prevención sin disminuir el enfrentamiento. No se trata de pasarle
la mano a las personas, sino de ofrecerle la mano oportunamente”.
Estas palabras de la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general, Gladys María Bejerano Portela, sintetizaron, de algún modo, el espíritu del balance de trabajo del Sistema Nacional de Auditoría (SNA) y la Contraloría General de la República (CGR), que tuvo lugar este jueves en la sede de dicho órgano.
La reunión prestó especial interés a la evaluación crítica del ejercicio de los auditores durante el 2015, periodo que estuvo encaminado a “incrementar la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción, así como a promover una gestión económica y administrativa más eficiente y a fortalecer el Sistema de Control del Estado”.
Según el informe presentado, concluyó el 96 % de las 6 174 acciones de control efectuadas, mientras que de las auditorías terminadas, el 28 % obtuvo resultados de deficiente o mal.
De las evaluaciones realizadas por el SNA a la implementación del 60 % de los Lineamientos, se conoció que persisten los pagos indebidos a los trabajadores por cuenta propia, la gestión deficiente de los sistemas de contratación, indisciplinas tributarias, así como insatisfacción de las personas con determinados servicios como la venta de materiales de construcción. También se reiteró la imposibilidad del comercio minorista de cubrir la demanda de distintos segmentos de mercado en materia de cantidad, variedad, calidad y precio de los productos.
De acuerdo con la información ofrecida, fueron descubiertos 233 presuntos hechos delictivos y 106 de corrupción, y de los perjuicios económicos propinados al patrimonio público, el 33 % correspondió a daños al Presupuesto del Estado y el 67 % a entidades. En respuesta a las acciones de control realizadas se aplicaron 6 614 medidas disciplinarias a los responsables directos y colaterales.
Entre las causas y condiciones más frecuentes (y reiteradas) que afectaron el Presupuesto estatal, figuraron, entre otras, los gastos por faltantes y pérdidas de bienes, cuentas por pagar vencidas y ejecución indebida o inejecución por negligencia de los recursos aprobados para inversiones.
Durante el balance se hizo referencia a la X Comprobación Nacional al Control Interno, para la cual fueron seleccionadas 396 entidades con el propósito de revisar el impacto de la descentralización de facultades en el sector empresarial, las medidas implementadas para enfrentar el envejecimiento poblacional, así como examinar el otorgamiento de subsidios a la población.
En cuanto a las quejas y denuncias de los ciudadanos, fueron radicados 2 238 asuntos, vinculados, fundamentalmente, con la vivienda, los servicios comunales, la salud, el comercio y la gastronomía. De los concluidos, se precisó que el 69,1 % resultó con razón, debido a violaciones de la ética, métodos de dirección y uso indebido de los recursos.
El debate posterior fue enérgico respecto a problemas que limitan el accionar de los auditores como la insuficiente capacitación, el escaso apoyo de la administración en algunos lugares y la demora en la aplicación de medidas, actitud que a la postre fomenta un clima de descrédito e impunidad.
Sobre el bajo completamiento de las plantillas, asunto que suscitó disímiles intervenciones, abundó el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, quien además exaltó la responsabilidad de estos profesionales en un contexto socioeconómico cada vez más complejo.
También los Héroes de la República de Cuba Gerardo Hernández y Ramón Labañino llamaron la atención sobre la búsqueda de alternativas que permitan enaltecer una profesión expuesta a los malos manejos de unos cuantos, pues no se puede permitir que la malversación y el descontrol desangren la economía.
En la jornada, Gladys Bejerano, Rodolfo Alarcón, ministro de Educación Superior y Jennifer Bello, miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, firmaron un convenio de trabajo para facilitar el acercamiento entre la Contraloría y la academia, en aras de contribuir a la formación profesional de los estudiantes y propiciar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
Estas palabras de la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general, Gladys María Bejerano Portela, sintetizaron, de algún modo, el espíritu del balance de trabajo del Sistema Nacional de Auditoría (SNA) y la Contraloría General de la República (CGR), que tuvo lugar este jueves en la sede de dicho órgano.
La reunión prestó especial interés a la evaluación crítica del ejercicio de los auditores durante el 2015, periodo que estuvo encaminado a “incrementar la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción, así como a promover una gestión económica y administrativa más eficiente y a fortalecer el Sistema de Control del Estado”.
Según el informe presentado, concluyó el 96 % de las 6 174 acciones de control efectuadas, mientras que de las auditorías terminadas, el 28 % obtuvo resultados de deficiente o mal.
De las evaluaciones realizadas por el SNA a la implementación del 60 % de los Lineamientos, se conoció que persisten los pagos indebidos a los trabajadores por cuenta propia, la gestión deficiente de los sistemas de contratación, indisciplinas tributarias, así como insatisfacción de las personas con determinados servicios como la venta de materiales de construcción. También se reiteró la imposibilidad del comercio minorista de cubrir la demanda de distintos segmentos de mercado en materia de cantidad, variedad, calidad y precio de los productos.
De acuerdo con la información ofrecida, fueron descubiertos 233 presuntos hechos delictivos y 106 de corrupción, y de los perjuicios económicos propinados al patrimonio público, el 33 % correspondió a daños al Presupuesto del Estado y el 67 % a entidades. En respuesta a las acciones de control realizadas se aplicaron 6 614 medidas disciplinarias a los responsables directos y colaterales.
Entre las causas y condiciones más frecuentes (y reiteradas) que afectaron el Presupuesto estatal, figuraron, entre otras, los gastos por faltantes y pérdidas de bienes, cuentas por pagar vencidas y ejecución indebida o inejecución por negligencia de los recursos aprobados para inversiones.
Durante el balance se hizo referencia a la X Comprobación Nacional al Control Interno, para la cual fueron seleccionadas 396 entidades con el propósito de revisar el impacto de la descentralización de facultades en el sector empresarial, las medidas implementadas para enfrentar el envejecimiento poblacional, así como examinar el otorgamiento de subsidios a la población.
En cuanto a las quejas y denuncias de los ciudadanos, fueron radicados 2 238 asuntos, vinculados, fundamentalmente, con la vivienda, los servicios comunales, la salud, el comercio y la gastronomía. De los concluidos, se precisó que el 69,1 % resultó con razón, debido a violaciones de la ética, métodos de dirección y uso indebido de los recursos.
El debate posterior fue enérgico respecto a problemas que limitan el accionar de los auditores como la insuficiente capacitación, el escaso apoyo de la administración en algunos lugares y la demora en la aplicación de medidas, actitud que a la postre fomenta un clima de descrédito e impunidad.
Sobre el bajo completamiento de las plantillas, asunto que suscitó disímiles intervenciones, abundó el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, quien además exaltó la responsabilidad de estos profesionales en un contexto socioeconómico cada vez más complejo.
También los Héroes de la República de Cuba Gerardo Hernández y Ramón Labañino llamaron la atención sobre la búsqueda de alternativas que permitan enaltecer una profesión expuesta a los malos manejos de unos cuantos, pues no se puede permitir que la malversación y el descontrol desangren la economía.
En la jornada, Gladys Bejerano, Rodolfo Alarcón, ministro de Educación Superior y Jennifer Bello, miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, firmaron un convenio de trabajo para facilitar el acercamiento entre la Contraloría y la academia, en aras de contribuir a la formación profesional de los estudiantes y propiciar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
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