Por Arthur González.
Las denominadas “Damas” de Blanco, esas que, orientadas y financiadas
desde Estados Unidos para sus provocaciones contra el gobierno cubano,
se manifiestan todos los domingos en una zona residencial de La Habana,
desconocen los trámites que tendrían que ejecutar en ciudades
estadounidenses si tuvieran interés en hacer un espectáculo similar
contra el gobierno.

Mientras en Cuba no requieren de ninguna autorización para sus marchas y
escándalos públicos, en Estados Unidos, la inculta y grosera Berta
Soler, como representante de esa agrupación no registrada oficialmente,
tendría que correr todas las alcaldías de Estados Unidos para lograr que
le aprobaran sus actos, porque en el país de la “libertad” todo está
estrictamente controlado por el Estado.
Un ejemplo evidente es lo que regulan las autoridades neoyorquinas para
aprobar una manifestación como las que ejecuta Berta y sus asalariadas.
El primer paso que tendría que dar la inculta y grosera es presentar un
documento impreso, donde haga constar la solicitud del permiso a las
autoridades, el cual consta de nada menos que de cuatro páginas y con
tres copias, siempre legalizadas ante un notario público.
Dicho documento será presentado por lo menos con siete días hábiles de
antelación a la fecha propuesta para la manifestación, explicando es
detalles lo que se pretende ejecutar, sus causas, quienes participarían,
los sectores que representan, si portarán carteles y su contenido, así
como el día y las horas que duraría, además de especificar en detalles
las calles por donde prevén pasar.
El gobierno de la ciudad tiene la potestad de cambiar el lugar, las vías
a utilizar, el día y hasta la hora, si considera que la misma puede
interrumpir las actividades de la localidad o molestar a los vecinos.
Otro requisito que exigen las autoridades gubernamentales de Estados
Unidos, es que los manifestantes deben poseer una póliza de seguro ante
cualquier daño que causen a la propiedad ajena y si por casualidad hay
daños al ornato público, entonces los protestantes correrán con el pago
por el monto total de los perjuicios causados.
En cuanto a la policía encargada de custodiar la zona, si el jefe de ese
órgano considera que necesita más personal para mantener el orden, el
salario de estos deberán asumirlo los propios manifestantes.
Si Berta y su pandilla tuvieran que hacer lo mismo en Cuba, sin dudas
que otro gallo cantaría, pues el dinero que recibe para sus
provocaciones no iría a parar a su bolso como hasta ahora, algo que
dejaría de serle tan rentable porque como apuntara José Martí:
“…la bambolla se compra casi siempre a precio del decoro”.