De acuerdo al Archivo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, el Dictador Augusto Pinochet fue uno de los principales
responsables del encubrimiento que sufrió el caso Quemados, actualmente
reabierto para esclarecer las culpas de una patrulla del ejército que
roció con bencina y quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De
Negri en julio de 1986 y que terminó con la muerte de este último.
Quintana y
Rodrigo Rojas De Negris.
La mencionada institución
estadounidense, dependiente de la Univesidad de Georgetown, estableció
que Pinochet en persona ordenó frenar las pesquisas que se estaban
llevando adelante en el Ejército en ese momento por el caso.
El diario español El País de
España se contactó con quien encabezó esta investigación, Peter
Kornbluh, quien explicó que estos cables llevan más de 10 años desde que
fueron desclasificados, pero con la reapertura del caso en manos del
ministro en visita Mario Carroza, toman una gran relevancia. “Los
abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de
apoyo a la acusación (…) los documentos vinculan a Pinochet con el
encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”,
indicó.
Peter
Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional de EEUU liberó
antecedentes del gobierno de ese país, donde queda claro cómo Pinochet
lideró toda la operación para quemar vivos a Carmen Gloria
Los documentos exponen detalles de un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile
El diario español narra que “El magistrado Mario Carroza, tras
decretar nuevas diligencias, determinó el procesamiento de un grupo de
doce militares en retiro del Ejército, por los delitos de homicidio y
homicidio frustrado (…). El debate se ha centrado, sobre todo, en la
supuesta información que todavía mantienen las Fuerzas Armadas sobre el paradero de las víctimas de la represión y los involucrados en los delitos de lesa humanidad”
El periódico insiste que “de acuerdo a los archivos confidenciales que este viernes publica el National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”. Se revela el primer obstáculo de los muchos que se interpondrían a lo largo de los siguientes días, meses y hasta décadas para ocultar el rastro que llevaba a los militares. “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, reseña el reporte estadounidense. El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”, continúa el cable. Esta disposición “impidió que se tomara cualquier declaración legal” al joven malherido, agrega.
En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de que, pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que “claramente” señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el escrito.
El 22 de julio llega otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington. En él se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre. El reporte es redactado en “una sola página sin copias”. El director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet. “El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, describe el cable estadounidense.
Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” del crimen. “Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”, agrega.
El último cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En él se cita a abogados relacionados con el caso según los cuales “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”. El objetivo, según deduce el informe estadounidense, es “alargar el caso”, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato” del joven.
El periódico insiste que “de acuerdo a los archivos confidenciales que este viernes publica el National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”. Se revela el primer obstáculo de los muchos que se interpondrían a lo largo de los siguientes días, meses y hasta décadas para ocultar el rastro que llevaba a los militares. “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, reseña el reporte estadounidense. El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”, continúa el cable. Esta disposición “impidió que se tomara cualquier declaración legal” al joven malherido, agrega.
Los
archvos sostienen que el director de la Posta Central de apellido
Guzmán impidió que Rojas saliera del establecimiento para recibir una
mejor atención. ¿Cuasihomicidio?
En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de que, pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que “claramente” señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el escrito.
El 22 de julio llega otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington. En él se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre. El reporte es redactado en “una sola página sin copias”. El director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet. “El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, describe el cable estadounidense.
Stange
entregó a Pinochet el informe donde se determinaba la participación de
militares en la quema de Rojas y Quintana y Pinochet desestimó la
investigación y apoyó a los militares que realizaron el acto criminal.
Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” del crimen. “Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”, agrega.
El último cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En él se cita a abogados relacionados con el caso según los cuales “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”. El objetivo, según deduce el informe estadounidense, es “alargar el caso”, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato” del joven.
El
ex ministro de Justicia en dictadura, Hugo Rosende presionó a la Corte
Suprema y tribunales ordinarios para que nadie investigara. Lo logró. Si
la investigación se llevaba adelante, lo fundamnental era mantener la
tesis que ambos portaban bombas molotov que les explotaron en sus
cuerpos. Trama cruel y criminal a la vez
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