Catorce
personas fueron arrestadas y acusadas este jueves en un tribunal
federal de Miami bajo cargos de conspiración para cometer matrimonios
fraudulentos relacionados con delitos de inmigración vinculados a la Ley
de Ajuste Cubano (CAA).Según la acusación, entre diciembre de 2009 y julio de 2014, dos personas del sur de la Florida nombradas Odalys Marrero, de 51 años, y Rolando Mulet, de 62, ambos residentes en el área de Kendall, reclutaron ciudadanos cubanos elegibles para la residencia permanente bajo la CAA y propiciaron la celebración de matrimonios fraudulentos con extranjeros con el propósito de evadir las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Marrero y Mulet, presuntos cabecillas de la operación delictiva, pagaban a los extranjeros una cuota para organizar los matrimonios fraudulentos, obtener licencias notariadas de esos matrimonios, y completar toda la documentación del procesamiento migratorio.
A la vez, ambos preparaban a sus coconspiradores para sus entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La acusación registra al menos seis matrimonios fraudulentos entre los implicados, todos efectuados en la jurisdicción del Distrito Sur de Florida.
Además de Marrero y Mulet, la lista de los restantes 12 acusados, entre los que figuran seis cubanos y seis hispanos de otras nacionalidades, es la siguiente:
Katiusca Elena Aguilar Navarro, de 28 años, residente en Doral.
Carlos Alberto Mederos Paule, 46 años, de Miami.
Manuel Andrés Gómez, de 46 años, de Wilton Manors.
Virginia De La Caridad Mederos Paule, de 57 años, de Miami.
Elisabet Kerese Alvarez, de 38 años, de Aventura.
Osvaldo Lastre Durán, de 48 años, de Sweetwater.
Natacha Perera, de 44 años, de North Miami.
Javier Manejias, 51 años, de Antioch, Tenessee.
Marianelly Auxiliado Rodríguez, de 48 años , de Doral.
Rafael Abreu González, de 46 años, de Hialeah.
Okyvi Olmar Yoll Mesa, de 35 años, de Doral.
Salvador L Cabanas, de 44 años, de Kendall.
La acusación añade nuevos cuestionamientos sobre la CAA, vigente desde 1966, y la cual permite ajustar su estatus legal en Estados Unidos a los cubanos y sus parejas, sin importar su nacionalidad, tras permanecer en el país por un año.
“El fraude de inmigración es un delito grave que socava el sistema de inmigración de nuestra nación y puede suponer un riesgo para nuestra seguridad”, dijo Wifredo Ferrer, jefe de la Fiscalía Federal de Miami. “Nuestra oficina seguirá trabajando para investigar estos crímenes y enjuiciar a las personas que tratan de perpetrar planes de inmigración fraudulentos”.
Ferrer elogió los esfuerzos conjuntos de USCIS y el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), que proporcionaron un apoyo importante y valioso para esta investigación.
“USCIS no tiene tolerancia para el fraude de inmigración”, dijo Linda Swacina, directora de USCIS para el Distrito de Miami. “Cualquier tentación de aprovecharse de la hospitalidad de Estados Unidos tiene que entender que el USCIS se compromete a garantizar la integridad del sistema de inmigración”.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Robert Emery.
(Con información de Telemundo)
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