Jorge Molina Sanhueza
Un hombre al que
Augusto Pinochet siempre le confió su vida fue quien rompió el silencio
en el proceso por la desaparición de los cinco militantes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1987, sustanciado por el
ministro Hugo Dolmestch. Este artículo, publicado por La Nación el
2006, relata las más siniestras prácticas de la mano de Pinochet. Clarín
desea mantener esta memoria de horror.
Apodado el “Chino
Campos” por sus camaradas en el Comando de Aviación del Ejército -y uno
de los pilotos de confianza del ex dictador- contó hace algunas semanas
al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario
Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para
viajar junto a un subalterno hasta la zona de Peldehue a buscar unos
paquetes. Estos últimos eran nada menos que los cuerpos de los
frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña
Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes
habían sido detenidos días antes por agentes de la desaparecida Central
Nacional de Informaciones (CNI), para canjearlos por el coronel Carlos
Carreño, secuestrado por el grupo paramilitar de izquierda.
Viaje secreto
El ministro
Dolmestch hizo un verdadero trabajo de joyería junto con la Policía de
Investigaciones en este caso. Y ello, porque el círculo estaba
completamente cerrado y compartimentado en torno al manejo de la
información sobre estos hechos. Pero el tiempo pudo más.
El “Chino Campos”
relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial
que aún está en servicio activo en la institución, en una agregaduría
militar en Europa, cuya identidad este medio se la reserva hasta que,
posiblemente, el ministro lo procese en los próximos días.
De hecho el jefe de
la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y
su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando
precisamente a un testigo clave para el proceso.
Para el caso del
oficial activo, y como ha sido la tendencia en el Ejército con los
funcionarios que estén involucrados en casos de violaciones de los
derechos humanos, será alejado de la institución.
Pero el hecho de
que se haya ocupado uno de los helicópteros de Pinochet no era una
prueba suficiente, salvo porque el “Chino Campos” aseguró en su
testimonio que la orden provino del ex dictador.
Pasos macabros
¿Pero cómo se
configuró la operación? El ministro Dolmestch acreditó que la misma
estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de
los frentistas. Por ese hecho -que sirvió en primera instancia para que
fueran luego asesinados- están sometidos a proceso desde el 2002, el
jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz
Bauer Donoso, mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros;
los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados
civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y
Víctor Ruiz Godoy.
Ahora bien, el
ministro tiene una segunda convicción. Una vez detenidos los frentistas
la orden venida desde el alto mando fue que el régimen no negociaba con
terroristas. La sentencia de muerte entonces estaba firmada.
Fue así como en la
CNI se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el
Ejército esta operación. El magistrado confirmó entonces cómo se
consiguieron los fierros para amarrarlos a los cuerpos y lanzarlos al
mar frente a San Antonio.
Rieles de la muerte
A fojas 1.655 del
proceso declaran Romilio Lavín, por entonces jefe del cuartel Loyola,
donde se arreglaban los autos de la CNI y su subordinado el oficial (R)
Adrián Herrera Espinoza. El primero aseguró que Zúñiga le pidió “unos
rieles que serían la base de un box de estacionamientos” que se
construía, pero no se los entregó.
Sin embargo, una
vez que abandonó el cuartel, supo que Zúñiga había vuelto a sus andanzas
y, a través de una orden de Salas Wenzel, logró que Herrera Espinoza
entregara los “materiales”.
“Fui informado, no
recuerdo por quien, que retiraban unos trozos de rieles para un
operativo que se iba a realizar en la noche por agentes operativos de la
CNI”, dijo en su testimonio a fojas 1.723.
Pero
el detalle más escalofriante vendría en la segunda etapa. Los
frentistas, estando detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI, fueron
inyectados por un enfermero apodado “El Qüincy” con un veneno que los
mató. Este verdadero doctor de la muerte se suicidó hace aproximadamente
tres años en su casa.
Una tercera etapa fue el traslado hasta la zona de Peldehue, donde el rastro de los frentistas se perdió para siempre.
Carreño y la mano de la DINE
Hasta ahora en el
proceso tramitado por Dolmestch existen algunas presunciones de que el
secuestro del coronel Carlos Carreño habría sido digitado por la
entonces Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Los dichos y no
confesiones, pertenecen a algunos agentes de la CNI.
Sin embargo, hasta
ahora, no existe claridad en torno a estas versiones, salvo los dichos
del propio Carreño, quien ha manifestado sus dudas al respecto, luego
que se descubriera que una de las vertientes para la fortuna de Pinochet
era el tráfico de armas.
Quien fuera uno de
los cerebros en la venta de armas a Irán desde Famae ha declarado en
varias oportunidades ante Dolmestch sobre estos hechos.
Dolmestch, el hombre de las paciencias largas que jurará como supremo.
El magistrado,
recién confirmado por el Senado para integrar la Corte Suprema, se
apresta a dar el último golpe de su carrera como juez instructor antes
de subir al máximo tribunal a resolver los criterios mayores de la
Segunda Sala (penal).
Conocido por tener
una llegada humana a los agentes relacionados con las violaciones de los
derechos humanos, ha logrado aclarar todos los casos anteriores a la
desaparición de los cinco frentistas, como la Operación Albania, el
homicidio del periodista José Carrasco y uno posterior como fue el
asesinato del vocero del MIR, Jeckar Neghme en septiembre de 1989,
cometido también por agentes de la CNI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario