La Habana, 11 jul (AIN) Parlamentarios de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos debatieron hoy acerca de los principales problemas que lastran el sistema de atención a la población, y propusieron mecanismos para perfeccionarlo.
En el Palacio de Convenciones, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, presentó el informe resumen del Control y Fiscalización a los servicios jurídicos que se prestan a la ciudadanía.
Toledo se refirió, además, a la atención a las quejas, sugerencias y peticiones, la calidad y celeridad de las respuestas que se ofrecen, así como al cumplimiento de las medidas establecidas para la simplificación de los trámites en la Fiscalía, Tribunales y Direcciones de Justicia.
El informe refleja avances en cada uno de los organismos analizados y subraya las debilidades que aún dificultan la calidad de la atención como la falta de personal especializado y con experiencia para tramitar quejas; dilación de las respuestas y falta de locales idóneos, entre otros.
El presidente de la comisión se pronunció por fortalecer el régimen de garantías constitucionales y fiscalizar en el segundo semestre la marcha de los procesos de revisión en materia penal, los asuntos pendientes y el estado de la tramitación.
Además, aseguró Toledo, debemos seguir de cerca la implementación del Decreto que faculta a la dirección de Planificación Física a asumir temas que antes eran competencia de la dirección de Vivienda.
Darío Delgado Cura, fiscal general de la República, afirmó que su organismo, después de sufrir una baja ostensible en la atención a la población aumentó considerablemente su impacto con la implementación de la línea de ayuda, que permitió acceder a sus servicios a una parte de la ciudadanía que por diferentes causas no podía acudir a sus instalaciones.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, acotó que las quejas y solicitudes, más que una actividad independiente o colateral de la institución, son parte intrínseca de la administración de justicia.
Remigio puntualizó que no existe queja sin investigar y, que para hacerlo, se parte del presupuesto de que quien la remite tiene la razón.
María Esther Reus, ministra de Justicia, acotó que las principales quejas tienen que ver con la prestación de los servicios en sus instituciones y cada una de ellas resulta referente para perfeccionar su labor.
Reus dijo que entre las principales insatisfacciones de la población se encuentra la excesiva solicitud de documentos y las atribuciones que algunas instituciones se arrogaron para darle caducidad, que no tienen, a muchos de esos documentos.
Trabajamos para darle una respuesta satisfactoria a ese particular, aseguró.
La diputada Elda Barreiro, por el municipio de Rafael Freyre, de Holguín, sugirió que para próximos análisis se particularice en cuáles planteamientos están relacionados con consultas y orientaciones, las inconformidades más recurrentes, con razón o no, y las quejas contra funcionarios, pues ello contribuirá a elevar la calidad de las medidas.
Durante el debate se evidenció, además, que algunas direcciones municipales de Justicia están dirigidas por personal no idóneo, lo cual limita también la atención especializada a la población.
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